Las Federaciones deportivas piden al CSD retrasar las elecciones al 2021
Ramón Fuentes
Ayer tuvo lugar una nueva reunión de las federaciones deportivas españolas, agrupadas en torno a la Asociación del Deporte Español (ADESP), de la que resultó el envío de una solicitud al Consejo Superior de Deportes (CSD) de "máximo respaldo legal" para afrontar todos los problemas jurídicos que se puedan derivar de la no finalización de las competiciones por la pandemia del coronavirus.
Pero además en la misma plantean al CSD, respecto a las elecciones inicialmente previstas para 2020 y que se han visto obstaculizadas por la crisis sanitaria y el estado de alarma, que abra la mano para que se habilite como periodo electoral, no sólo 2020, sino todo el año 2021. Contrariamente al informe emitido por el CSD el pasado 19 de marzo y la ratificación de la propia Secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, habitando este 2020 para las elecciones como recoge la Orden que regula los procesos electorales en las Federaciones Deportivas.
Las federaciones aducen cómo argumento , según recoge IUSPORT, que las elecciones deben coincidir con el ciclo olímpico y que el actual, ha cambiado debido a la situación excepcional que vive el mundo entero. Una problemática que ya planteamos hace unas semanas en SPORT.
Dos son los frentes en los que las federaciones piden al CSD un pronunciamiento en forma de normativa que les dé cobertura:
- 1.- Modificar la Orden reguladora de las elecciones de 2017, aún vigente, de forma que se permita celebrar las elecciones en "2020 o en el año del ciclo olímpico", a elegir por cada federación. En este caso, las federaciones podrían elegir celebrarlas en 2020 o en 2021.
- 2.- Aprobar un decreto o una orden ministerial (el rango de ésta podría no ser suficiente) que faculte a las federaciones para tomar el acuerdo que consideren más conveniente acerca de reanudar o dar por finalizada esta temporada, en función de las circunstancias excepcionales que padecemos por la crisis del COVID-19.
Dado que este acuerdo afecta al marco general de la competición, y que por tanto podría ser recurrido ante el CSD, las federaciones quieren una cobertura normativa del Gobierno previa con la que evitar que prosperen eventuales impugnaciones.
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