Las dos posibles consecuencias (no deportivas) del 'Caso Negreira'

Descartada la sanción deportiva al Barça, la Fiscalía trabaja en esclarecer si hubo delitos de corrupción entre particulares y administración desleal por los pagos a la empresa de Enríquez Negreira

En ambos casos las penas podrían llegar a ser de prisión para los implicados

La Fiscalía investiga el pago de 1,3 millones de euros al excolegiado Enríquez Negreira por parte del Barça

La Fiscalía investiga el pago de 1,3 millones de euros al excolegiado Enríquez Negreira por parte del Barça / SPORT.es

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El 'Caso Negreira' sigue centrando la actualidad no estrictamente deportiva de la semana desde que salieran a la luz los pagos que realizó el Barça desde 2001 hasta 2018 a una empresa propiedad de José María Enríquez Negreira, en su época de vicepresidente del CTA (Comité Técnico de Árbitros). Pagos por valor de unos 7 millones de euros en su totalidad según los últimos documentos filtrados a diferentes medios como 'El País' o 'El Mundo' y que están siendo investigados por la Agencia Tributaria en el periodo 2016-2018 por irregularidades fiscales.

Después de que haya quedado claro que, aún en el caso que se llegara a determinar que esos pagos obedecían a la voluntad de influir en decisiones arbitrales -no existen pruebas que apunten en ese sentido-, no puede haber sanción deportiva para el Barça puesto que en caso de haber delito habría prescrito en 2021, las dos grandes consecuencias que podría haber a nivel legal son los delitos de corrupción entre particulares y administración desleal.

Según publica 'El País', la Fiscalía está estudiando el caso para ver si la alta cantidad pagada por el FC Barcelona está justificada y el trabajo se hizo de forma real o bien responde a otras motivaciones más oscuras. En ese caso podría encuadrarse en un delito de corrupción entre particulares y estaría penado con entre seis meses y cuatro años de cárcel para los directivos azulgranas y el ex árbitro.

El otro posible delito sería el de administración desleal si se demostrara que ese pago fuera por unos trabajos inexistentes, algo que conllevaría una pena de hasta tres años de cárcel por la administración fraudulenta del patrimonio ajeno y por la causa de un "perjuicio patrimonial” para los socios azulgranas.