DEBATE EN EL CONGRESO

El PSOE mantiene el rechazo a las enmiendas de Junts y ERC para incluir el terrorismo en la amnistía

Los socialistas defienden normalizar sus relaciones con Junts porque "la democracia es más completa si incorporamos a todos los actores que tuvieron que salir, por una u otra circunstancia, en el 2017"

La nueva portavoz del PSOE, Esther Peña, durante su primera rueda de prensa en Ferraz tras ser designada.

La nueva portavoz del PSOE, Esther Peña, durante su primera rueda de prensa en Ferraz tras ser designada. / EFE

Iván Gil

La comisión de Justicia debatirá este martes la ponencia sobre la ley de amnistía con las enmiendas de Junts y ERC para excluir las causas de terrorismo en el aire. Por el momento, solo se han incorporado al texto las modificaciones “técnicas” presentadas por el PSOE y los socialistas mantienen su rechazo a que se amplíe el perímetro para incorporar las causas del Tsunami Democràtic (que involucran al expresidente Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira) y los CDR. La portavoz del PSOE, Esther Peña, que se estrenó este martes tras la remodelación de la ejecutiva ratificada en la convención política de A Coruña, hizo hincapié en rueda de prensa sobre que el partido tiene sus propias enmiendas y que el actual texto “es impecable jurídicamente y plenamente constitucional”.

“Vamos a defender esas enmiendas”, avanzó Peña en referencia a las presentadas por los socialistas y apoyadas por el bloque de investidura, para dejar en el tejado de Junts y ERC las que no han sido pactadas. “La labor de seducir y convencer les toca a otros”, ha asegurado. Y es que desde el PSOE siempre rechazaron incluir cambios en el texto que pusiesen en riesgo la constitucionalidad de la norma ante el TC, además de que aquellas sin consenso amplio entre todos los socios.

Los socialistas están pendientes de perfilar su posición definitiva ante el debate de mañana en la comisión de Justicia, aunque fuentes parlamentarias insisten en la posición que vienen manteniendo hasta ahora. Otras fuentes del Ejecutivo se refieren también a una suerte de línea roja con el terrorismo. Un informe de los letrados de la comisión de Justicia advertía incluso que la norma puede chocar con el derecho europeo al excluir las causas de terrorismo cuando no haya sentencia firme. Este es el redactado original que presentó el PSOE y que no ha enmendado.

Los socialistas tienen previsto seguir engrasando su relación con Junts, al margen de lo que suceda en el debate de mañana. De este modo, Peña ha argumentado que “esperamos que se sigan produciendo de manera regular” las reuniones con los posconvergentes, al igual que con el resto de socios. Sobre esta normalización de las relaciones, imbricada con la incorporación de la ley de amnistía en la hoja de ruta de los socialistas, la portavoz de Ferraz ha insistido en la necesidad de “superar el horizonte judicial y la crisis institucional” producida a causa del ‘procés’.

Integrar a Junts

“Consideramos que estamos para ensanchar la democracia es más completa si incorporamos a todos los actores que tuvieron que salir, por una u otra circunstancia, en el 2017”, justificó. En referencia al documento de la convención política del partido aprobado este fin de semana, y donde se abraza la polémica norma, ha añadido que es necesario dar una “oportunidad para volver a empezar”. Esto es, según añadió, “distensionar la vida de los catalanes”.

La resistencia a cambios de calado en la norma, como los relativos al terrorismo, ya se mostró durante las negociaciones de investidura por el hecho de no sobrepasar el marco constitucional o de la jurisprudencia europea. Conscientes de la competición entre ERC y Junts por capitalizar la ley destacando su sello, como se demostró en las negociaciones de investidura, el PSOE quisieron poner líneas rojas.

La máxima ha sido acotar la motivación de cualquier enmienda a redundar en su seguridad jurídica, sin introducir nuevos aspectos o realizar cambios sustanciales. Del mismo modo, los socialistas se opusieron a cambios para que se anulen las resoluciones judiciales condenatorias o se incluya algún tipo de reparación en el caso de los líderes de organizaciones civiles.