El juez García Castellón cita a declarar por vídeoconferencia a Rovira y a los imputados en Tsunami Democràtic

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a los imputados en la causa de Tsunami Democràtic, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para declarar por videoconferencia desde Barcelona el próximo día 22 de mayo. La decisión va en la misma línea que la adoptada por la instructora de Tsunami en el Tribunal Supremo, Susana Polo, que ofreció declarar por el mismo sistema al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado del Parlament Ruben Wagensberg, en su caso, entre los días 17 y el 21 de junio. La diferencia es que a estos últimos se les ofreció la posibilidad de hacerlo voluntariamente y los primeros, al estar investigados, están obligados a comparecer y declarar.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha ordenado la práctica de una serie de diligencias para determinar si responsables de la Generalitat conocían los actos convocados por Tsunami Democràtic el 9 de noviembre de 2019, jornada de reflexión a las elecciones generales, y que, a su juicio, podrían constituir una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral por su parte, al no haber impedido su celebración.

En un auto, García Castellón acuerda la citación de los imputados Marta Rovira, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani, Oleguer Serra y Josep Lluis Alay. Se da la circunstancia de que muchos de ellos, como hizo hace años la dirigente de ERC, han trasladado a Suiza su residencia para eludir la actuación judicial, a la espera de que entre en vigor la amnistía con la que se prevé que las actuaciones en su contra queden perdonadas. La resolución en un primer momento no citaba a Josep Campmajó, aunque fuentes jurídicas señalaron a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, que la citación le había sido notificada de la misma forma que al resto de investigados y que se había procedido a incluirlo, al detectarse la omisión.

En cuanto a Nicola Flavio Giulio Foglia, el magistrado acuerda la emisión de una orden internacional a Italia para que proceda a su localización y toma de declaración por videoconferencia, señalándose, sin perjuicio de lo que resulte de la cooperación judicial, como fecha de declaración también el próximo día 22. Con carácter previo a la emisión de la OEI, señala el juez, se reitera al grupo policial investigador la averiguación de domicilio y paradero interesada respecto del citado investigado.

En su auto, el magistrado acuerda una serie diligencias dirigidas a esclarecer uno de los hechos objeto de investigación, consistente en las acciones emprendidas por la organización Tsunami Democràtic el 9 de noviembre de 2019, día en que, según la resolución, pese a ser jornada de reflexión, se realizaron un total de 110 actos en toda Catalunya, lo que podría ser constitutivo de delitos electorales, con independencia de los de terrorismo que se investigan en la causa.

El magistrado repasa los acontecimientos registrados durante ese día y señala que toda "esta secuencia permite evidenciar el conocimiento que el Govern tuvo de los actos convocados por Tsunami durante la Jornada de reflexión", y ello lleva a "constatar" que el presidente de la Generalitat, como máximo responsable de la “autoridad gubernativa”, conocía de la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central, y que la Generalitat era competente para impedir la celebración de estos actos. 

La Junta Electoral Provincial de Tarragona, incluso, instó expresamente a la Generalitat, a través de la Dirección General competente del Departamento de Interior, a impedir la celebración de estas actuaciones, que pese a todo se desarrollaron sin que conste que se realizara actuación alguna para impedirlo.  

“Ante estos hechos, y la posibilidad de encontrarnos ante una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral por parte de los responsables políticos de la Generalitat en aquel momento, se acuerda la práctica de las siguientes diligencias, sin perjuicio de valorar, una vez recibidas, la competencia de este órgano judicial para conocer de estos hechos”, señala el juez.

Orden a la Guardia Civil

En concreto, el magistrado oficia a la Guardia Civil para que compruebe si consta en la Dirección General Administración de Seguridad del Departamento de Interior si Tsunami Democratic solicitó autorización para las concentraciones realizadas ese día en Lleida, Tarragona y Girona. El propio auto señala que el pasado 12 de febrero la directora general de Seguridad, del Departamento de Interior de la Generalitat, informó al juzgado que “no consta queTsunami Democràtic comunicase a esta autoridad gubernativa ninguna concentración para el día 9 de noviembre de 2019 en Barcelona”.

El juez también insta a la Guardia Civil a completar el informe que ya les encargó en noviembre sobre las proclamas, discursos o cualquier otro acto de naturaleza política que se realizaron en Barcelona, para incorporar los datos relativos a Tarragona, Lleida y Girona. También quiere comprobar si el Departamento de Interior informó al Consejo de Gobierno de la Generalitat sobre los requerimientos recabados por parte de la Junta Electoral Provincial de Tarragona y si consta en las actas del Consejo de Gobierno de la Generalitat que se tratara cualquier cuestión relativa a las convocatorias previstas por Tsunami para ese día y la denuncia de las mismas por parte de la Junta Electoral Central.

También quiere que se pregunte a los Mossos d’Esquadra si recibieron alguna instrucción para no actuar ante las concentraciones no autorizadas celebradas ese día. Además, insiste en la emisión de una OEI a Francia para recibir en la Audiencia Nacional el atestado elaborado por el Subsector de Tráfico de Pollestres el 12 de noviembre de 2019.