Seguridad Social escucha a los científicos: rectificará la orden ministerial que afecta a miles de investigadores

Representantes de doce asociaciones científicas nacionales e internacionales se han reunido con el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo. El objetivo era transmitirle "el descontento generalizado" de la comunidad científica ante la orden ministerial ISM/386/2024, que regula la recuperación de derechos sociales para los antiguos becarios y becarias de investigación, y plantearle alternativas. Suárez ha reconocido la necesidad de rectificar la normativa y se ha comprometido a buscar una solución "de manera urgente".

La publicación en el BOE del 1 de mayo de la orden "por la que se regula la suscripción del convenio especial con la Seguridad Social (...) por los períodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas" desataba el enfado entre la comunidad científica.

Cotización retroactiva

Así lo expresaban la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) o la Sociedad Española de Neurociencia (SENC) en un comunicado conjunto en el que reclamaban al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que rectificase la regulación de la cotización retroactiva de los becarios de investigación.

En representación de doce colectivos científicos, las máximas representantes de algunas de estas entidades -como la doctora Marisol Soengas (ASEICA), la doctora María J. Morán (ANIH) o la doctora María Monsalve, de la Junta Directiva de SEBBM, han trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las críticas de los afectados por becas de investigación anteriores al año 2011.

"Solución urgente"

El Secretario de Estado les ha escuchado. Según informan las entidades, ha agradecido la exposición de estos representantes, que le ha permitido "entender mejor las necesidades específicas de este colectivo". En particular, ha reconocido la necesidad de rectificar la orden ministerial y se ha comprometido a buscar una solución "de manera urgente". Para ello, convocará la Mesa de Diálogo Social "a la mayor brevedad".

El colectivo de investigadores le ha entregado un documento con propuestas de acción, para el que esperan respuesta. Las reivindicaciones principales de estas asociaciones son: recuperar los derechos laborales de todo el período trabajado con becas de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social; considerar la base de cotización que correspondía en su momento, y no la del año 2024 y que el empleado asuma solo sus propios costes, y no también los del empleador.

"Injusticia histórica"

Las asociaciones de investigadores "agradecen la voluntad de escucha del Secretario de Estado y esperan que las medidas a introducir permitan resolver una injusticia histórica en sus condiciones laborales". Entre sus quejas, que el nuevo convenio especial suponía "una carga económica inasumible" para una gran parte de la comunidad científica implicada al considerarse cotizaciones a valores del 2024 para becas anteriores a 2006, que el período de regularización se limita a un máximo de cinco años trabajados, sin tener en cuenta casos de mayor duración y que "se han desatendido las reclamaciones y alegaciones de las sociedades científicas.

El año pasado, el Real Decreto-Ley 2/2023 estableció la posibilidad de suscribir un convenio especial para recuperar la cotización de 'períodos de prácticas' anteriores al año 2011, incluyendo el doctorado. Se permitía inicialmente regularizar dos años, y posteriormente cinco, de aquel período de formación. En julio de 2023, Aseica y ANIH ya manifestaron al Ministerio de Inclusión que la normativa "no resolvía el problema de las becas de investigación, con períodos sin cotización de hasta 16 años que afectan a la edad de acceso a la jubilación y la pensión de jubilación".

En su momento, estas entidades presentaron una serie de medidas alternativas para corregir esta situación. Alertaban, además, del coste que podría suponer para cada persona afectada cubrir retroactivamente cuotas que deberían haber abonado las entidades emisoras de las becas, en su mayoría administraciones públicas.