La propuesta de Junts para intervenir telemáticamente en el Parlament tensa al independentismo

Hace casi seis años, pero la herida aún supura. Era 30 de enero de 2018 cuando el presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendió la investidura de Carles Puigdemont, argumentando que no podía "garantizar" un debate "efectivo y con garantías". El reglamento de la Cámara catalana obligaba -y sigue obligando- a que el candidato presente su programa de gobierno y no contempla que no lo haga presencialmente. También así lo advirtió en su momento el Tribunal Constitucional. Desde entonces ha habido varios intentos de modificar la normativa interna para permitir de algún modo la vía telemática, especialmente a raíz de la crisis del coronavirus, pero todos ellos han caído en saco roto. El principal escollo siempre ha sido el mismo: las investiduras a distancia. Y a día de hoy, las diferencias se perpetúan.

Así queda constancia en las enmiendas que los grupos han registrado a la propuesta de reforma del reglamento del Parlament que desde mayo se está tramitando en la Cámara. Se trata de la iniciativa auspiciada por 

ERC 

y la CUP que propone dos grandes cambios: prohibir los "discursos de odio" -con la mirada puesta en la extrema derecha de Vox-, ampliar los supuestos del voto delegado e introducir el telemático -para, en gran parte, regularizar el pronunciamiento a distancia del diputado de Junts, Lluís Puig-.

Una propuesta a la que no se quiso sumar Junts, porque la consideraba tibia, y que, en su momento, ya provocó un nuevo encontronazo entre posconvergentes y republicanos. Con una nueva resolución del TC contra el voto de Puig, ERC acusaba a sus exsocios de querer llevar a la vicepresidenta Alba Vergés -entonces con funciones de presidenta- a la encrucijada de la desobediencia. Finalmente, se sorteó con un nuevo mecanismo que ahora sigue aplicando la presidenta Anna Erra. Pero ahora, el grupo de Junts ha aprovechado la tramitación de dicha reforma para ir un paso más allá y presentar su lista de deseos.

Intervenciones telemáticas

La posconvergencia quiere permitir no solo el voto telemático, sino también la "intervención" de los diputados a distancia en varios supuestos. Además de los casos de maternidad, hospitalización o incapacidad, así como durante la realización de "tareas" de representación institucional del Parlament o la participación en "actos" como electos; también abren la puerta a que lo hagan "por cualquier otra circunstancia que no permita la presencialidad". Algo que deja un amplio abanico de posibilidades y que podría permitir la intervención de cualquier diputado residente en el extranjero. En estos momentos solo Lluís Puig está en estas condiciones, pero esto podría cambiar en unas nuevas elecciones.

Una enmienda que el resto de grupos parlamentarios no ve con buenos ojos y que ven difícil que prospere, más aún teniendo en cuenta la opinión contraria ya expresada por los letrados en más de una ocasión. Lo que sí podría salir adelante, en cambio, son los plenos telemáticos en casos graves como la crisis del covid.

Justamente, ERC y la CUP han presentado enmiendas a su propio texto, en las que proponen permitir los plenos temáticos, pero solo en caso de "fuerza mayor, grave riesgo colectivo, crisis sanitaria, catástrofe, calamidad pública u otras situaciones análogas". El redactado deja claro que solo puede ejercerse esta posibilidad en caso de que las circunstancias "no hagan aconsejable la asistencia presencial del conjunto de los diputados", siempre que así lo acuerde por mayoría absoluta la Mesa y lo ratifiquen dos tercios de la Cámara.

La autoenmienda -según explican fuentes de los dos partidos- viene a raíz de un informe de los letrados, en el que proponen que se incluya en la reforma del reglamento los trabajos que se hicieron durante la crisis del coronavirus para regular la participación telemática. La diferencia con la propuesta inicial es que solo se incorporaba el voto telemático en "situaciones excepcionales de especial gravedad", con un redactado parecido al del Congreso de los Diputados, mientras que en la propuesta actual se contemplan los plenos telemáticos -y no solo la intervención de un diputado como propone Junts-, pero solo en casos muy excepcionales y con el visto bueno de una mayoría muy amplia de los parlamentarios.

Las prioridades del resto de grupos

Más allá de las intervenciones telemáticas, el trámite de enmiendas también ha permitido al resto de partidos proponer otros cambios en el reglamento. Junts propone suprimir el artículo 25.4 de la actual normativa que permite la suspensión de un diputado en caso de que se le abra juicio oral por delitos vinculados a la corrupción. Fue la prerrogativa que permitió suspender hace un año a la entonces presidenta Laura Borràs y que Junts ya arguyó en su momento que vulneraba la presunción de inocencia.

Junts también propone suprimir el artículo que permite suspender a un diputado en caso de ser juzgado por corrupción

El 'caso Borràs' también se encuentra detrás de algunos de los cambios que propone el PSC. Como ya plantearon a principios de abril -propuesta que fue rechazada un mes más tarde por la mayoría de la Cámara-, los socialistas quieren que el reglamento del Parlament permita cesar a cualquier miembro de la Mesa -incluida la presidencia- si así lo acuerda una mayoría de "tres quintas partes" del hemiciclo. En su propuesta inicial planteaban que bastara con la mayoría absoluta, lo que suscitó críticas de más de un partido. Por este motivo, han decidido ampliar los apoyos necesarios.

También Ciutadans propone que se pueda destituir a la presidencia del Parlament "en caso de desatender gravemente las responsabilidades" o de hacer un "uso impropio del cargo". Lo vehiculan vía moción de censura -como la obligación de proponer otro candidato- y debería ser presentada por tres grupos o una tercera parte de los diputados de la Cámara. Los Comuns lo plantean, también por mayoría absoluta, a partir del segundo año de legislatura.

Además, los morados quieren garantizar vía reglamento que exista paridad en la Mesa del Parlament, en todas las comisiones y en los cargos internos -presidencia, portavoz y portavoces adjuntos- de los grupos parlamentarios. Y, en el caso de la Mesa de la Cámara, exigen que se haga en formato 'cremallera'. Es decir, que una vez escogido el presidente, el vicepresidente primero sea del sexo contrario, el segundo sea del mismo sexo que la presidencia y así, sucesivamente, también con la elección de los secretarios. Con la composición actual, los tres primeros cargos están ocupados por mujeres, que ganan también en el cómputo global, pero al inicio de la legislatura anterior solo había una mujer, Alba Vergés, como secretaria cuarta, el último eslabón de la cúpula parlamentaria.

A partir de ahora, con todas la enmiendas -casi un centenar- ya registradas, el siguiente paso es que la presidenta del Parlament convoque la ponencia, donde primero se escucharan los expertos aceptados y después se empezaran a debatir todas estas propuestas. Cabe la posibilidad, sin embargo, que los letrados hagan un nuevo informe para valorar las enmiendas de los grupos, dado que amplían sustancialmente la reforma inicialmente presentada.

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