El juez García Castellón suspende la declaración de la mano derecha de Puigdemont en Tsunami Democràtic

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido suspender sine die la declaración como imputado de Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina en Bruselas del expresidente Carles Puigdemont, en el caso Tsunami Democràtic, por sus problemas de salud, informaron a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, fuentes jurídicas. La citación del resto de imputados se mantendrá para el próximo día 22 por vídeoconferencia desde Barcelona, como acordó el magistrado, que también ha rechazado la pretensión de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de que se le permitiera declarar desde Suiza por el mismo sistema.

El abogado de Alay y de Puigdemont, Gonzalo Boye, había solicitado un aplazamiento de la comparecencia prevista, porque le coincide con un juicio. No obstante, al suspenderse la citación de su cliente imputado en la Audiencia Nacional, que el letrado tenga una vista el mismo día deja de ser un obstáculo para mantener la comparecencia del resto. El pasado mes de febrero la mano derecha del expresidente catalán tuvo que ser intervenido de un derrame cerebral, según publicó el propio Puigdemont en la red social X, antes Twitter.

El juez García Castellón citó a nueve de los 10 imputados en la Audiencia Nacional a declarar por videoconferencia desde Barcelona. Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg están también imputados, pero ante el Supremo dada su condición de aforados. El décimo imputado en la Audiencia, el banquero italiano Nicola Flavio Giulio Foglia, no estaba incluido en la citación, porque el magistrado tuvo que emitir una orden internacional de investigación a Italia para su localización y para que se le tome declaración por videoconferencia, ese mismo día 22, si fuera posible.

Suiza

A medida que el magistrado dictaba resoluciones en relación con el delito de terrorismo que les imputa, la mayoría de los investigados en la causa decidieron seguir los pasos de Rovira y trasladaron su residencia a Suiza, lo que hace realmente difícil que vuelvan a Barcelona a declarar en relación con las protestas convocadas por Tsunami Democràtic en contra de la sentencia del 'procés'. Solo Marta Molina, Xavier Vendrell, Oriol Soler y el propio Alay parecen seguir residiendo en Cataluña.

En la providencia dictada este jueves el magistrado descarta que la videoconferencia se pueda realizar desde Suiza, como pide Rovira, porque "el referido sistema está contemplado con el fin de agilizar el curso de las actuaciones evitando los retrasos que pudieran derivarse de la necesidad de coordinar la presencia de los intervinientes en la declaración cuando su desplazamiento les resultare gravoso o imposible de llevar a cabo con inmediatez".

De ahí, que hacerla desde Barcelona, donde tienen fijada su residencia la mayoría de los imputados, contribuiría a facilitar su práctica, pero para poder realizarla desde el país helvético habría que cursar una comisión rogatoria internacional, "lo que resulta obvio que dilataría las actuaciones de manera indeseada e innecesaria, obteniéndose el resultado opuesto al que propende el empleo de medios técnicos para evitar el desplazamiento". 

Mientras el magistrado contestaba a los imputados que presentaron los primeros escritos oponiéndose la citación, la defensa de Oleguer Serra y Josep Campmajor, que ejece el abogado Benet Salellas, informaba al juzgado de que, al residir ambos en Suiza, su citación judicial debía ser tramitada a través de "los mecanismos de cooperación jurisdiccional internacional con las autoridades helvéticas".

Amnistía

Además, pedían que cualquier citación se aplazara hasta que estrara en vigor la ley de amnistía. "A nadie puede escapar que la tramitación legislativa de la ley de amnistía se encuentra pronto de finalizar y que está programada su votación definitiva en el Congreso antes que acabe mayo", argumentan.

El escrito añade que el hecho de que "una causa que lleva tramitándose desde hace casi cinco años vaya a señalar la declaración de los investigados precisamente unos días antes de la aprobación de una ley que busca poner fin a procedimientos judiciales como éste, más bien da poca apariencia de imparcialidad objetiva y de independencia judicial". Esta defensa ya recusó sin éxito a García Castellón.

"A efectos de que no pueda en ningún momento entenderse el presente procedimiento como una suerte de presión al poder legislativo y a las legítimas expectativas de sus miembros electos, convendría que el juzgado esperara la aprobación definitiva de la ley para, acto seguido, entrar a valorar su posible aplicación a los hechos objeto de investigación, más allá de la opinión personal que esta ley le merezca al actual instructor", añade Salellas.