El Constitucional acepta analizar si la oferta de las plazas públicas ocupadas por interinos vulnera derechos

El Tribunal Constitucional analizará la estabilización de los puestos de trabajo en la Administración pública prevista por el Gobierno a cuenta de las plazas que ocupan los interinos. Para ello, el Pleno del órgano de garantías ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha contra dos disposiciones adicionales concretas de la ley aprobada a finales de 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, informan fuentes del tribunal a El Periódico de España, del mismo grupo editorial.

El órgano manchego abordó inicialmente este asunto en noviembre de 2022, cuando suspendió cautelarmente la oferta a funcionarios de carrera de las plazas ocupadas por un interino desde 2016. La decisión impidió el cese de este trabajador por ocupación de la plaza por funcionario de carrera hasta en tanto no se resolviera el procedimiento principal, cuyo objeto era precisamente la indebida oferta de la plaza en cuestión a funcionarios de carrera.

El TSJ apunta dudas de inconstitucionalidad en las disposiciones adicionales sexta y octava de la norma, que señalan expresamente que las administraciones públicas pueden sacar a concurso, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto Estatuto Básico, plazas ocupadas por interinos antes del 1 de enero de 2016. Según los últimos datos del INE, el número de funcionarios interinos en España supera los 600.000, lo que representa más de un 20 por ciento de este colectivo. 

En la cuestión planteada se argumenta que dicha disposición podría vulnerar el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas (artículo 23.2 de la Constitución). También pide que se valore si la ley choca con lo establecido en la carta magna sobre las competencias del Estado y las administraciones autonómicas al respecto (artículo 149.1.18) antes de resolver un asunto que tienen pendiente en este órgano.

Se rechazó recurso de Vox

La ley cuestionada ante el órgano de garantías busca frenar el abuso de las contrataciones temporales en línea con los pronunciamientos del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Se persigue mejorar la calidad del trabajo de los funcionarios y también evitar los abusos del uso por parte de las administraciones públicas de sucesivos contratos de corta duración y temporales. 

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional ya desestimó, y por unanimidad, un recurso promovido por Vox contra contra el decreto ley de julio de 2021 con medidas para reducir la temporalidad. En su resolución, de la que fue ponente el magistrado Cesar Tolosa, se apreciaba la existencia de una relación de adecuación de las medidas adoptadas y la situación de urgencia a cuya solución sirven.