Lissavetzky avala a Villar

Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, aseguró ayer en el Senado que "se ha cumplido estrictamente la normativa española" en las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) con las modificaciones introducidas en el reglamento electoral.

Lissavetzky explicó que los cambios relativos a los requisitos de los candidatos para optar a la presidencia, como el número de avales que debían presentar y el sistema de voto por correo para elegir a los miembros de la asamblea -ya votados-, "Ha subsanado las deficiencias" que presentaban en el reglamento presentado inicialmente por la FEF, según estimó la Junta de Garantías Electorales.

"Se pedía un año de antigüedad en contra de la orden y ya no se pide; un solo aval por asambleísta cuando en la orden permitimos más de uno y ahora es así; era necesario un 25% de avales y ahora es un 15%; ahora el voto por correo es todo ante notario y el voto electrónico se va a llevar a cabo si hay quien lo pide", afirmó.

El secretario de Estado indicó que aunque falta por conocer la resolución de un juzgado sobre el recurso presentado por la oposición al presidente Angel Villar para suspender cautelarmente el proceso, ya hay un fallo de otro juzgado en contra de esta reclamación. La Junta de Garantías Electorales rechazó anteriormente todos los recursos presentados en este sentido.

"Se ha cumplido la orden ministerial de una manera muy clara. Dije que se iba a respetar el ordenamiento jurídico vigente en España y lo mantengo. Lo digo y lo demuestro y mantengo que esto es compatible con el código modelo de FIFA", aseguró Lissavetzky ante las preguntas del senador balear del Grupo Mixto, Pere Sampol, sobre presuntas irregularidades en las elecciones federativas.

El secretario de Estado también se refirió a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha declarado ilegal la cesión de terrenos por el Ayuntamiento de Las Rozas para edificar en este municipio la Ciudad del Fútbol.

"La sentencia habla de devolución de los terrenos y el Consejo no tiene competencia para decidir el modo en que se ejecuta la sentencia. Entiendo que las partes están a la espera de llegar a un convenio", concluyó Lissavetzky.