Los clubes de fútbol femenino reclaman sus derechos de TV a la RFEF

Las principales personalidades de La Liga Iberdrola posaron junto con algunas jugadoras de todos los equipos

Las principales personalidades de La Liga Iberdrola posaron junto con algunas jugadoras de todos los equipos / Miguel Toña

Lluís Bou

La gestión de los derechos televisivos de los clubes que forman la Liga Iberdrola está siendo motivo de polémica. Mientras que ayer la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) determinó que la Federación es la encargada de comercializar los derechos, hoy ha sido la Asociación de Clubes Femeninos de Fútbol (ACFF) la que se ha pronunciado, reclamando el derecho de los clubes de manejar sus propios derechos de televisión.

La ACFF, asociación que agrupa a 70 clubes, 14 de los cuales juegan en la Liga Iberdrola, ha argumentado que el 6 de febrero los miembros que conforman la asociación decidieron que la ACFF venda sus derechos televisivos de manera colectiva, con la excepción de FC Barcelona y Athletic Club.

Otro de los motivos a los que la ACFF se ha aferrado es a la resolución de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias (CNMC), ya que el pasado verano resolvió a favor de los clubes, señalando que ellos tienen el derecho de explotar sus derechos televisivos de manera individual o colectiva. Esto propone un conflicto legal, ya que los estatutos de la RFEF recogen que la Federación es la propietaria de los derechos en los torneos que ella gestiona.

Por último, la ACFF ha propuesto una vez más la idea que tiene de convertirse en patronal y gestora de la Liga Iberdrola, siguiendo un modelo parecido al que hay en la Liga Nacional de Fútbol Sala. "Resulta del todo incoherente e inentendible que los clubes no tengan ningún tipo de capacidad de decisión ni control sobre la organización y gestión de la competición cuando en cambio deben asumir responsabilidades y obligaciones relacionadas con la profesionalización del fútbol femenino". Esta propuesta, que cuenta con el apoyo de UGT y Futbolistas ON, supondría una elevación del salario mínimo, que pasaría de los 14.000 euros actuales a 20.000 euros anuales.