La misteriosa decisión de la directiva del FC Barcelona

De todas las decisiones que ha tomado la actual Junta Directiva del FC Barcelona hay una que me tiene intrigado: ¿Por qué ha elevado a 487 millones de euros las pérdidas de la temporada 2021? ¿Por qué las que han sido causadas directamente por el COVID-19 apenas sobrepasan los 91 millones cuando toda la industria afirma que son muchas más? Y la más inquietante: ¿Con qué intención ha deteriorado a futbolistas por 141 millones de euros? Estas dudas no son baladí, porque si, como parece más que probable, la próxima asamblea de socios compromisarios de octubre del FC Barcelona aprueba el cierre económico del ejercicio 20-21, ¿quién se hará responsable de esas pérdidas? LaLiga, porque así lo consagra la Ley del Deporte, exigirá que se avalen. E incluso, cualquier socio azulgrana podría ir a un juzgado y reclamarlo. Hay un precedente y, además, existe jurisprudencia.

En 2003 la junta de Laporta (con Rosell y Bartomeu en ella), le endosó 63 millones de pérdidas a la del dimitido Joan Gaspart. Más tarde, ante la denuncia de unos socios, un juez dictaminó que aquellos ocho días que Laporta estuvo en la presidencia en junio de 2003 equivalían a un año de mandato y que esa decisión contable era responsabilidad suya. Cómo sería que incluso en la famosa sentencia de la Acción de Responsabilidad del 28 de octubre de 2014, en la que Laporta y sus directivos fueron exonerados, el juez José Manuel Gómez Borrego así lo recogió en su escrito: “La citada cantidad debe considerarse, en contra de lo sostenido por los demandados, como un “resultado económico negativo” generado durante el período de su gestión”.

Si ese fue el fallo dictado por ocho días de presidencia, ¿qué no dirá un juez si Laporta tomó las riendas del FC Barcelona el 17 de marzo y ahora ha estado más de tres meses al frente del club hasta el 30 de junio? ¿Qué creo que ocurrirá? Que Laporta dirá que esas pérdidas son de Bartomeu y evitará avalar acudiendo a los juzgados. Bartomeu hará lo mismo en defensa de sus intereses. Total, que el club, una vez más, volverá a estar judicializado por el enfrentamiento de dos directivas. Como en 2010. Hasta que un juez dictamine quién tiene razón pasarán unos cuantos años, los suficientes para que la junta de Laporta intente acumular tales beneficios que el tema del aval decaiga. Los tiros van por ahí. La estrategia la veo muy clara.

En octubre la actual junta someterá a la aprobación de sus socios compromisarios el presupuesto de gastos más bajo de los últimos tiempos. Circula por el club que no llegará a los 600 millones de euros. Por lo tanto, el aval que deberá renovarse en noviembre (el 15% de ese presupuesto de gastos) no pasará de 70 millones, cuando el actual es de 124 millones. El objetivo primordial de esta junta, muy plausible, es que a 30 de junio de 2022 el FC Barcelona obtenga los mayores beneficios de su historia. Sin la rebaja salarial de los jugadores y con Messi en la plantilla, sería imposible. Y si a las depreciaciones de jugadores y provisiones fiscales (solo con Neymar ya han obtenido un gran beneficio) se le añade que esta temporada vuelve el público al Estadi, que el Museo está abierto, las tiendas de merchandising ya funcionan, que se venderá el Barça Corporate por 300 millones de euros y que habrá nuevos contratos publicitarios, el beneficio será estratosférico comparado con el pírrico presupuesto de gastos que se confeccionará. 

La clave: Es probable que Laporta y Bartomeu se vean en los juzgados por el tema del aval.