El TSJ de Madrid apunta al fiscal general: pregunta por el "máximo responsable" de revelar datos del novio de Ayuso

El juez Francisco José Goyena ha incoado las primeras diligencias en la causa abierta contra el fiscal de Madrid que investiga a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal, Julián Salto, y su jefa provincial, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos al difundir una nota de prensa que incluía datos sobre el acuerdo que el empresario pretendía alcanzar para evitar el juicio.

Entre las medidas acordadas, el magistrado reclama saber "quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido". Ello apunta directamente al fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien ha asumido personalmente la responsabilidad última sobre la difusión de la controvertida nota de prensa. De resultar investigado, el asunto acabaría recalando en el Tribunal Supremo.

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Además, el juez Goyena cita al propio Alberto González Amador como acusación particular, y al Colegio de la Abogacía de Madrid, en calidad de acción popular, el próximo 24 de mayo, a los efectos de que ratifiquen sus respectivas querellas, y da quince días al Ministerio Público para que informe sobre cómo se produjo el acceso a los correos de Gómez Amador y su difusión. Al abogado del empresario también se le solicitan sus comunicaciones con Fiscalía en relación con el acuerdo que se estaba negociando.

La admisión de esta querella causó una profunda crisis en el seno de la Fiscalía, que se opuso a la admisión a trámite de este asunto según acordó la Junta de Fiscales de Sala, que se fracturó respecto a la cuestión. La reunión del máximo órgano consultivo de la carrera fiscal vino obligada por una decisión previa disconforme con la posición que sus superiores impusieron a María de la O Silva, la fiscal a quien le correspondió inicialmente elaborar el informe.

La postura de la Fiscalía en este asunto será ahora defendida por el fiscal superior de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura , Francisco Javier Montero --con el fin de que no sea ningún miembro de la Fiscalía de Madrid quien se vea implicado en la causa contra sus compañeros-- a quien se da traslado de las actuaciones.

Una exposición razonada, como prueba

Entre las primeras diligencias a practicar, el magistrado Goyena incluye notificación a los fiscales investigados, para que puedan personarse y defender sus intereses, y se incluye como "soporte de prueba documental" la exposición razonada que elaboró el juez de Instrucción número 28 de Madrid, Jaime Serret, a cuenta de la denuncia inicial sobre los mismos hechos que presentó el Colegio de la Abogacía de Madrid . Serret, ve indicios de delito en la actuación de los fiscales Salto y Rodríguez, y considera, además que la nota emitida en su día por la Fiscalía de Madrid sobre el acuerdo ofrecido por Carlos Neira, abogado del empresario, aporta datos que no eran conocidos y que no habían sido revelados hasta entonces.

El juez quiere también valorar los artículos de prensa aportados por las partes, con el fin de certificar la realidad y autenticidad de las publicaciones. Para ello se pide identificar a los autores de las noticias de un total de una decena de medios entre los que se encuentra EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Peticiones a la Fiscalía de Madrid

Por lo que se refiere a la Fiscalía de Madrid, se le solicita la propia nota de prensa, quienes fueron las personas concretas que la elaboraron y el responsable último de su difusión dentro del Ministerio Público. Igualmente, se requiere copia de las Instrucciones dictadas en el seno de la Fiscalía "con el fin de impedir que queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizados documentos y soportes qué contengan datos personales" y un informe propio elaborado por el delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal "o de quien considere necesario" para cumplimentar este requerimiento.

Sobre el objeto de la causa, el magistrado señala que se trata de aclarar la “trascendencia jurídico penal” de la publicación en distintos medios de comunicación de informaciones sobre la atribución a Alberto González Amador por parte de la Fiscalía de presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, así como sobre la difusión de un correo electrónico dirigido a la Fiscalía de Madrid por parte del abogado del empresario así como sobre Nota Informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid publicada el 14 de marzo sobre estos hechos.

De la querella presentada, destaca que los actos relatados en la misma "resultan imputables a los representantes del Ministerio Fiscal, que por razón de su cargo tuvieron acceso a los soportes, datos, información y comunicaciones hechas públicas" y que mediante sus acciones pudieron producir una revelación de la intimidad y de la información tributaria, procesal y de defensa asociada a González Amador. El empresario entiende que "se ha quebrantado el secreto, la confidencialidad y reserva frente a cualquier tercero de datos y comunicaciones, antes incluso de que el procedimiento penal se iniciara".

El Triunal Superior, en contra del criterio de la Fiscalía, admitió este asunto al considerar "prematuro y no justificado suficientemente el descartar de plano la pertinencia de la investigación de la eventual trascendencia penal de los hechos, así como del grado de participación que pudieran tener los querellados, o bien otras personas, solamente precisable a través de la oportuna instrucción.”