Fiscales generales abonados a la polémica: de la rebelión de los "indomables" al "no idóneo" García Ortiz

Ser fiscal general del Estado supone, para los miembros de la Carrera, alcanzar la cumbre profesional y el paso a la historia, si bien se trata de un puesto de gran exposición pública, abonado a la crítica política y no exento de polémica por el calado de las decisiones a adoptar. Así ha sido desde que se instauró la democracia y en la práctica totalidad de los mandatos de los 21 fiscales generales que han asumido esta responsabilidad en nuestro país. 

En la actualidad, Álvaro García Ortiz se encuentra por una etapa especialmente delicada tras aprobar el Senado una moción en la que se exige al Gobierno su destitución y por haberse situado en guerra abierta con el Tribunal Supremo, que ha tumbado dos de sus nombramientos y a cuyos magistrados ha recusado por considerarles "contaminados" para revisar su propia designación.

Tras convertirse en el primer fiscal general que no obtuvo el aval de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial, polémicas relacionadas con su dirección del Ministerio Público en causas de relevancia --caso Tsunami, investigación a Carles Puigdemont en el Supremo o acusaciones de 'lawfare'-, esta misma semana recibió dos severos reveses judiciales, por el nombramiento de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, como responsable de Memoria Democrática y al abrir el TSJ de Madrid una investigación por las filtraciones en una nota de prensa sobre la pareja de Díaz Ayuso de la que él se ha hecho públicamente responsable.

Pero no es el único que ha visto cuestionada su gestión. Los dos primeros fiscales generales de la democracia, Juan Manuel Fanjul y José María Gil Albert tenían formación de juristas, si bien llegaron al puesto tras una importante carrera política. Fanjul, fiscal general entre 1978 y 1980, fue Vicesecretario General del Movimiento entre 1938 y 1939 y Consejero Nacional hasta 1943, año en el que cesó en dicha organización por su apoyo prestado a la restauración monárquica. Por lo que respecta a Gil Albert, que ocupó la fiscalía general desde la salida de Fanjul y hasta 1982, era fiscal de carrera, pero también ocupó escaño de diputado por UCD.

Los encontronazos con el Gobierno se inauguraron con Antonio Burón, que fue designado para el cargo en 1982 y se dimitió en 1986 por sus discrepancias con el Gobierno de Felipe González debido a la querella que presentó contra Jordi Pujol y otros dirigentes de banca Catalana. También destacó su participación directa en el recurso contra la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar en la causa seguida contra los golpistas del 23 F.

Aval no unánime para Moscoso

Pero el antecedente más directo sobre la falta de aval unánime del Consejo del Poder Judicial -que se produjo recientemente en los casos de Dolores Delgado y García Ortiz- se encuentra en el caso de Javier Moscoso (1986-1990), que fue ministro de Presidencia en el primer Gobierno de Felipe González. 

A la hora de valorar su idoneidad, el Consejo General del Poder Judicial se fracturó con 13 votos a favor y 6 en contra, y lo mismo le pasó a su sucesor Eligio Hernández (1992-1994), cuyo aval en el órgano de gobierno de los jueces tuvo a seis votos en contra al faltar el requisito legal de haber ejercido durante 15 años como jurista. Su gestión hasta que el Gobierno aceptó su dimisión en 1994 fue especialmente polémica, en especial por las protestas generadas por las instrucciones dadas a los fiscales para que se encarcelase a los jóvenes que se negaban a realizar el servicio militar, así como por sus encontronazos con el instructor del caso Filesa.

Los "indomables" y la guerra sucia

Entre los dos anteriores fue fiscal Leopoldo Torres (1990-1992), cuya gestión no provocó grandes polémicas, y a Hernández le siguió Carlos Granados por otros dos años (1994-1996) cuyas decisiones sobre los casos Cesid y los crímenes de los Gal provocaron desencuentros con algunos dirigentes socialistas. Le siguió durante sólo un año Juan Ortiz Úrculo (1996-1997), que cesó desbordado por una agria rebelión de los "indomables" fiscales de la Audiencia Nacional, así llamados por su cuestionamiento frente a órdenes de sus superiores con respecto a la guerra sucia contra el terrorismo.

Llegó después Jesús Cardenal (1997-2004), ya en pleno Gobierno de José María Aznar, cuya designación ya provocó advertencias desde el Consejo del Poder Judicial. Se le dio aval de idoneidad, pero el informe mostró su preocupación sus manifestaciones públicas contra el "clima de pluralismo" que, según Cardenal, "sólo beneficia a los extremos viciosos" el divorcio, el aborto y los homosexuales. Entre sus decisiones más criticadas, que apartara al fiscal del caso Ercros, en el que se llegó a investigar al exministro Josep Piqué, y por instar la apertura de causas penales contra los manifestantes en la jornada de reflexión que siguió a los atentados del 11-M.

El vuelo de las togas y la distancia de Torres Dulce

Tras la llegada al poder del PSOE con Rodríguez Zapatero fue designado fiscal general Cándido Conde-Pumpido, uno de los más longevos (2004-2011), que impulsó desde su cargo procedimientos de gran calado político como la ilegalización de Batasuna. Fueron especialmente polémicas unas manifestaciones que realizó en el marco del alto el fuego de ETA: "El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino".

Entre 2012 y 2014 le sustituyó Eduardo Torres-Dulce, (2012-2014) que mantuvo una relación complicada con el ministro Rafael Catalá por su distancia con respecto a casos que afectaban de forma importante al Gobierno como eran "Gürtel" y los papeles de Bárcenas y otros referidos al problema catalán surgido tras la consulta del 9-N. Otras decisiones polémicas fue su oposición a la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos o su apoyo a unas diligencias a raíz del hallazgo de restos de los trenes del 11-M que ponían en cuestión el cierre de la causa.

Las primeras fiscales generales

Tras su dimisión le siguió en el cargo la primera mujer en ocupar este puesto, Consuelo Madrigal (2015-2016), aunque no llegó a los dos años de mandato, tras dimitir por sus desavenencias con Catalá por asuntos relacionados con nombramientos clave. Le siguió un perfil totalmente diferente, el de José Manuel Maza (2016-2017), entre cuyas decisiones más discutidas estuvo la de colocar como jefe Anticorrupción a Manuel Moix, a quien unos pinchazos del caso Púnica situaban "afín" al PP y que dimitió a los 87 días, tras trascender que tenía una participación en una empresa panameña con sus hermanos. Maza fue el fiscal que impulsó la querella por rebelión contra los protagonistas del 'procés' independentista en Cataluña, aunque falleció sorpresivamente poco después durante un viaje de trabajo a Argentina.

La desaparición de Maza dio entrada a la Fiscalía General de Julián Sánchez Melgar (2017-2018), un magistrado del Tribunal Supremo prudente y discreto, que no dio lugar a grandes polémicas, y en un tono parecido discurrió el mandato de María José Segarra (2018-2020) durante la primera etapa de Gobierno de Pedro Sánchez. Sí fue motivo de polémica interna que se tratara de una fiscal "de base" y su amistad con entonces ministra de Justicia Dolores Delgado, que presentó una reforma del Estatuto Fiscal para que, cuando abandonara el puesto, ascendiera directamente a fiscal de Sala y no tuviese que volver a su puesto en Sevilla. 

El 'huracán' Delgado

Finalmente, los dos años y cinco meses de Dolores Delgado, que saltó directamente del Consejo de Ministros al despacho principal de la sede de la Fiscalía General, han sido de los más controvertidos por las decisiones que la han enfrentado con el sentir mayoritario de la carrera fiscal y han sido utilizadas por la oposición para atacar al Gobierno de Sánchez.

Casi dos años después de abandonar el cargo, que quedó en manos del que fuera su mano derecha, Álvaro García Ortiz, sigue estando en el ojo del huracán después de que el Tribunal Supremo haya anulado su nombramiento como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática tan solo seis meses después de tomar una decisión similar con respecto a su ascenso a la cúpula fiscal.

Otros aspectos polémicos de su gestión estuvieron relacionados con su papel clave en la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos o su posición equidistante con respecto a la demanda que el expresident Carles Puigdemont presentó en Bélgica contra el instructor del procés Pablo Llarena. Por sus decisiones fue reprobada hasta en tres ocasiones en el Congreso de los Diputados.