El comisionista Luceño pide reactivar orden para interrogar a San Chin Choon

El comisionista Luceño pide reactivar orden para interrogar a San Chin Choon

Alberto Luceño entra en la comisaría para firmar, en una imagen de archivo.
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EFE

Su abogado señala que el testimonio del empresario es "fundamental" y que podría haber "alguna clase de decalaje temporal, o peor, administrativo en la comisión rogatoria" en sus declaraciones

El empresario Alberto Luceño, investigado en el caso de las mascarillas, ha pedido que se reactive el mecanismo para localizar a San Chin Choon, el empresario que consiguió el material para los investigados en esta causa, ya que las autoridades de Malasia dijeron que no colaboraba, pero luego él dijo en una entrevista que sí lo hacía.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Luceño solicita al magistrado Adolfo Carretero que inste de nuevo la comisión rogatoria a través de una doble vía "segura y eficaz": mediante el Ministerio de Justicia y mediante la Policía Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción inició en 2021 ese trámite internacional para localizar al responsable de la empresa Leno, que suministró a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina el material sanitario que aportaron al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia, y por el que se embolsaron seis millones de dólares.

Pero el pasado mes de abril la Fiscalía de Malasia informó al juzgado de que San Chin Choon no había accedido a colaborar con la investigación, y que las leyes de ese país solo permiten interrogarle de manera voluntaria en este momento procesal.

Una semana después el empresario concedió unas declaraciones a la Agencia EFE en las que aseguró que la operación fue "limpia" y que se encontraba en Kuala Lumpur (Malasia), desde donde colaboraba con la Justicia.

En las que fueron las primeras declaraciones a un medio de comunicación desde que estalló el escándalo, el empresario afirmó a EFE que su parte "está clara" (el suministro de paquetes de mascarillas, test y guantes por los que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de euros) y dijo haber respondido a las preguntas de las autoridades malasias a instancias de las españolas.

Ahora el letrado de Luceño esgrime en su escrito que el testimonio de San Chin Choon es "fundamental" y que, leyendo esas declaraciones, podría haber "alguna clase de decalaje temporal, o peor, administrativo en la comisión rogatoria": podría haber contestado tras devolverse la comisión rogatoria al juzgado, o haberlo hecho ante una autoridad diferente, ya que él aludió al Departamento de Investigación de Crímenes Comerciales de Malasia.

Por eso solicita que se reitere la comisión rogatoria a Malasia mediante una doble vía "segura y eficaz": primero librar esa comisión a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia español, como la anterior, para que la haga llegar por conducto diplomático a la autoridad central de Malasia.

Y además, para su rápida y correcta tramitación, que se adelante a la División de Cooperación Internacional de la Dirección General de la Policía para que esta pueda trasmitírsela al agregado del Ministerio del Interior en la Embajada de España en Tailandia -con competencias en Malasia-, para que así se inicien las gestiones para su localización y se impuse la tramitación de la comisión rogatoria ante las autoridades malayas.

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