Desestimada la demanda de Rosell contra Roures por vincularlo al espionaje
El expresidente azulgrana solicitaba 200.000 euros por acusarle de espionaje informático cuando ya había sido exculpado
La juez ha descartado que las afirmaciones del comunicado fueran injuriosas o vejatorias para Rosell
Un juzgado de Barcelona ha desestimado la demanda que el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell presentó contra el presidente de Mediapro, Jaume Roures, en la que le solicitaba 200.000 euros por acusarle de espionaje informático cuando ya había sido exculpado.
En su sentencia, que ha avanzado la 'Cadena Ser', el juzgado de primera instancia número 37 de Barcelona desestima la demanda al descartar que Roures lesionara el honor de Rosell en el comunicado que emitió en noviembre de 2020, con las declaraciones en cuestión.
En dicho comunicado, el presidente de Mediapro se refería a la decisión de la Audiencia de Barcelona de archivar la causa contra Rosell por el supuesto espionaje informático a Roures y, tras recordar que se trataba de un sobreseimiento "provisional", aseguraba estar convencido de que el expresidente del Barça era el responsable del mismo.
A raíz de ese comunicado, Rosell pidió al juzgado que condenara a Roures a indemnizarlo con 200.000 euros y ordenara la publicación de la sentencia en dos diarios de ámbito estatal.
La juez ha descartado que las afirmaciones del comunicado fueran injuriosas o vejatorias para Rosell y remarca que, en cualquier caso, las expresiones enjuiciadas "se enmarcan en un claro contexto de contienda entre las dos partes, como se ha acreditado con las entrevistas y manifestaciones públicas" adjuntadas.
Asimismo, recuerda la sentencia que las referencias al archivo de la causa contra Rosell fueron "introducidas previamente ante la opinión pública de forma parcial" por el demandante, "al no precisar la clase de archivo" por la que se cerró la causa abierta contra él.
En el comunicado emitido por Jaume Roures en noviembre de 2020, este mantenía que Rosell había descargado sus responsabilidades por el supuesto espionaje en dos de sus subordinados, para quienes la Fiscalía ha pedido cuatro años de cárcel por un delito continuado de revelación de secretos a raíz de la denuncia del presidente de Mediapro.
Mediapro denunció a Rosell en 2016 por un presunto acceso ilegal, entre los años 2009 y 2011, al correo electrónico de Jaume Roures.
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