Debate parlamentario
El PP reprueba el "menosprecio" de Sánchez al municipalismo ante 300 'concejales de pueblo'
Los populares también censura a Bolaños por desprestigiar a la Cámara Alta
"En mi partido usted no habría llegado ni a concejal de pueblo", le espetó Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo en una sesión de control al Gobierno hace unas semanas. El presidente del Gobierno acababa de echarle en cara al líder del PP su "estrecha amistad" con "un capo de Galicia", en referencia al narco Marcial Dorado. Aquellas palabras no gustaron a los populares que, este martes, han reprobado en el Senado el "menosprecio al municipalismo" de Sánchez. Lo han hecho ante una bancada de invitados repleta de concejales populares que, con una chapa en la solapa en la que se podía leer 'yo también soy concejal de pueblo', han sido recibidos por el propio Feijóo.
"El señor Sánchez sí que no aguantaría ni una sola semana siendo concejal de pueblo porque los concejales no se ocultan, siempre dan la cara", ha sentenciado el senador del PP y alcalde de Cabra, Fernando Priego Chacón. Tras un minuto en el que la bancada del PP ha estado en pie aplaudiendo a los más de 300 concejales que había en la tribuna, Priego ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez es el "menos municipalista de la democracia" y que "humilla" a los municipios. "Para España Sánchez no es imprescindible, pero nuestros concejales sí lo son", ha concluido.
El desprestigio de Bolaños
Además, los populares han reprobado al segundo ministro de la legislatura. Tras Fernando Grande Marlaska, que abrió la veda, el PP ha usado su mayoría absoluta en el Senado para censurar al ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, por su "menosprecio" a la Cámara Alta y por haber filtrado el borrador del informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía y, según los populares, por haber "manipulado" sus conclusiones. "Debería estar cesado ya", ha sentenciado el senador del PP Antonio Silván.
Los conservadores han aprobado este martes una moción en la que denuncian la "falta de respeto institucional" de Bolaños al afirmar que la "soberanía nacional recae en las Cortes Generales, pero en particular en el Congreso". También lamentan la pretensión del ministro de "desacreditar" a la Cámara Alta al considerar que el criterio de representación territorial "merma la representatividad democrática". Silván ha criticado la "desfachatez" del ministro y ha asegurado que ante esas declaraciones "debería estar cesado ya".
Pese a que el Senado es considerada una Cámara de segunda lectura y que la gran mayoría de sus decisiones pueden ser revocadas por el Congreso, los populares recuerdan que el artículo 66.1 de la Constitución deja claro que "las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado". Además, subrayan que el Tribunal Constitucional nunca ha interpretado que "el criterio territorial implique que la naturaleza representativa del Senado sea de menor categoría".
La réplica conjunta
Ante las dos propuestas del PP, el resto de formaciones ha criticado que el uso del Senado como un "cortijo" para los intereses conservadores también supone un desprecio a la propia Cámara y han reprochado su uso "partidista" semanal. "¿Cuándo van a dejar de poner al Senado al servicio del PP?", ha preguntado el senador socialista Antonio Magdaleno y ha tildado de la iniciativa de un "nuevo episodio de crispación política".
Buena parte del debate ha girado en torno al informe de la Comisión de Venecia. Desde el día en que se conoció el borrador, PP y PSOE han tratado de apropiarse de las conclusiones del mismo, asegurando que le da la razón a uno y no al otro. En este sentido, los populares han criticado que Bolaños "manipulara" lo que dice el informe. Lo cierto es que la Comisión de Venecia avala el objetivo de la ley de amnistía, considera que no ataca la separación de poderes y ve con buenos ojos la redacción sobre el terrorismo, pero a la vez critica que se haya tramitado por la vía de urgencia, la amplitud temporal y de los hechos amnistiados y la necesidad de una mayoría cualificada para aprobarla.
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