Sepa cuánto roba Rojadirecta por los derechos de televisión

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, ha culpado este jueves a Rojadirecta de "robar" a su compañía los hasta dos millones que esta factura al año, tras la denuncia de Mediapro y GolT contra Rojadirecta por, supuestamente, infringir la ley de propiedad intelectual e incurrir en competencia desleal.

Durante la presentación de la alianza entre Mediapro y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), en el marco del Barcelona Game World, Jaume Roures ha pedido el cierre de Rojadirecta por publicar enlaces a contenidos sobre los que tienen "derechos exclusivos"

"Lo que pedimos es que Rojadirecta deje de piratear los contenidos de terceros y se enriquezcan a costa nuestra. Lo que hacen ellos es pura y simplemente robar nuestro trabajo. Se están lucrando con una web que roba nuestros partidos de fútbol", ha explicado Roures.

El presidente de Mediapro ha asegurado que la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, donde ha sido presentada la demanda contra Rojadirecta, debe "determinar el cierre, la ilegalidad de esta actividad y después se sabrá si esto tiene consecuencias penales".

Roberto Freire, asesor contable de Puerto80 Projects, administrador único de Rojadirecta, había asegurado que el sitio web factura entre "uno y dos millones" de euros anuales, dinero que -según él- "viene de la facturación a empresas" que facilitan las "apuestas por internet".

El presidente de Mediapro ha respondido que, de cualquier manera, Rojadirecta no cuenta con los derechos sobre la retransmisión de los partidos de fútbol en cuestión.

"A mí me es igual si lo ingresan de un sitio o del otro, pero ellos ingresan 2 millones de euros sobre la base de robarnos nuestros contenidos, que nos cuestan dinero. Son nuestros esos 2 millones de euros al año, que reconocen facturar; me gustaría saber cuál es la realidad de la facturación", ha remarcado Roures.

La jueza ha dejado el caso visto para sentencia y deberá dirimir si Rojadirecta ha cometido delito alguno al facilitar esos enlaces a contenidos audiovisuales de pago que se obtenían de manera pirata y determinar también si los aportaban usuarios (como argumenta la defensa) o el administrador de la web, y si esta, además, estaba detrás de las páginas de internet que contenían las imágenes.