La RFEF valora "muy positivamente" la iniciativa del Gobierno de actualizar la Ley del Deporte

Apuesta por un modelo de auténtica autonomía financiera de las Federaciones, para que no estén sujetas a los intereses comerciales de aquellos que del deporte ven sólo negocio

El ministro Guirao es el responsable del Deporte español

El ministro Guirao es el responsable del Deporte español / EFE

Ramón Fuentes

La Real Federación Española de Fútbol valora “muy positivamente” la iniciativa del Gobierno de actualizar la Ley del Deporte, materializada hoy en la presentación por el Ministerio de Cultura y Deporte y el Consejo Superior de Deportes del nuevo anteproyecto de ley, que ha de servir de base para el futuro de nuestro deporte en los próximos 20 años.

Como ha indicado el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, tras conocer hoy el anteproyecto de ley a través del propio CSD,y analizando única y exclusivamente aquellos apartados de la ley que se puedan referir al deporte federado, manifiesta que “la Real Federación Española de Fútbol aplaude la iniciativa del Gobierno de seguir apoyando de manera decidida a todo el deporte federado español con el aporte económico claro y decidido que pueda surgir, no sólo de los Presupuestos Generales del Estado, sino también de los beneficios que, gracias a la regulación pública, obtienen las empresas que operan en el mercado audiovisual del deporte profesional, principalmente en el fútbol”.

Además, ante la próxima tramitaciónparlamentaria de esta modificación legal, la RFEF está convencida, ha dicho su secretario general, que el conjunto de los partidos políticos del arco parlamentario serán sensibles al sentir de la Real Federación Española de Fútbol que entiende puede ser compartido por todas las Federaciones españolas, de la necesidad de que la nueva ley esté basada en la configuración de “un modelo de auténtica autonomía e independencia financiera de las federaciones deportivas españolas para que no estén sujetas a los intereses comerciales de aquellos que del deporte ven sólo negocio, porque este es un principio básico del Movimiento Olímpico”. 

“El modelo olímpico federado exige que ningún ente, y aún menos gracias a una ley, se pueda llegar a apropiar comercialmente del conjunto del deporte español federado”, ha señalado Camps.

En todo caso, la RFEF entiende que las ayudas al deporte federado en su conjunto deberían cumplir dos condiciones imprescindibles. Como ha explicado Andreu Camps, la primera es “que no se extraiga ni un solo euro más de los clubes de fútbol titulares de los derechos, sino que se debe hacer a partir de un mayor esfuerzo de lasempresas comercializadoras de esos derechos, incluso, si fuere necesario, mediante medidas impositivas específicas aplicables a esa comercialización y del ente gestor de esos derechos”.

En segundo lugar y en consonancia con “un sistema deportivo federado basado en el llamado ‘modelo europeo’, el modelo dedistribución de ese dinero debe corresponder, jurídicamente, única y exclusivamente al ente regulador del mercado que no es otro que el Estado”. 

“Es al Estado, en el marco de la definición de la política deportiva española, y en colaboración con las federaciones deportivas españolas, a quien le corresponde asignar las cantidades que puedan generarse gracias a la regulación del mercado hecha por ley y siempre en formato de ayudas y nunca como pago a contraprestaciones por la cesión de derechos por parte de las Federacionesdeportivas”, ha manifestado el secretario general.

Andreu Camps ha apuntado, no obstante, que la RFEF hará llegar también al Gobierno y, en su caso, a los partidos políticos con representación parlamentaria aquellos aspectos que, desde su punto de vista, podrían, quizás, mejorar algunos aspectos puntuales del régimen jurídico del deporte federado y otros que son de simple técnica jurídica. En todo caso, sí considera necesario reivindicar “el respeto al pacto alcanzado en su día entre todos los entes implicados  en relación con el porcentaje justo que debía destinarse al fútbol base y que, desafortunadamente, el redactado del Real Decreto Ley 5/2015 incumplió”.