Arabia Saudí maneja ya más de un 10% de Telefónica y desborda el paquete que controlará el Gobierno

La reducción de capital ejecutada por Telefónica para mejorar la retribución que reciben sus accionistas -una práctica habitual entre las grandes compañías- puede provocar nuevos movimientos en su ya particularmente agitado escenario accionarial. La compañía ha amortizado y eliminado casi 80,3 millones de acciones, lo que hace de facto que el porcentaje de capital que controlan sus accionistas aumente de manera automática. Un cambio que puede tener consecuencias en un momento de sacudidas internas.

Saudi Telecom (STC), la teleco controlada por el Estado saudí, anunció a principios de septiembre la compra de una participación directa del 4,9% de las acciones de Telefónica y de otro 5% adicional de manera indirecta mediante derivados financieros, por un total de unos 2.100 millones de euros. Con la reducción de capital realizada por la teleco española esas participaciones han crecido: el paquete directo de STC se ha elevado hasta cerca el 4,97% (aún por debajo del tope legal del 5% que le obligaría por fuerza a pedir autorización al Gobierno de forma inmediata) y la participación indirecta se ha elevado hasta casi un 5,075%.

Arabia Saudí actualmente, entre participaciones directas e indirectas ‘prestadas’ -estas últimas no le dan derechos políticos de voto-, maneja más de un 10% del capital de Telefónica (un 10,04%, en concreto). Una escalada automática con la que de manera virtual Riad superaría el objetivo de la operación del Gobierno español para convertirse en el mayor accionista del grupo y para lo que ha dado mandato a la sociedad pública SEPI de comprar un 10% de las acciones de la teleco española, precisamente con la intención de contrarrestar el desembarco de la compañía estatal saudí. El Estado español ya controla más de un 9% del capital de Telefónica tras un intenso proceso de compras en el que ha desembolsado casi 2.060 millones de euros.

El poder del ‘escudo antiopas’

El denominado ‘escudo antiopas’ -la legislación aprobada por el Gobierno durante la pandemia para controlar la entrada de inversores extranjeros en empresas estratégicas nacionales- establece con carácter general la obligación de pedir la autorización del Ejecutivo al superar el 10% del capital. Pero ese tope legal se rebaja al 5% en caso de que se trate de empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional.

Es el caso de Telefónica debido a sus contratos con las Fuerzas Armadas. Así que Arabia Saudí tiene que pedir autorización expresa al Gobierno español, a través del Ministerio de Defensa, para superar la cota del 5% o para tener representación en el consejo de administración de la compañía. La reducción de capital ha dejado a la saudí STC a las puertas de rebasar ese tope con su participación directa, pero sin superarlo no está obligada a activar la autorización de manera inmediata. Pero Arabia Saudí sí se expone a un nuevo escenario si quisiera ejecutar todos las acciones que maneja mediante derivados financieros.

Y es que, en tal caso, se abriría otro proceso de autorización -esta vez a través del Ministerio de Economía- para poder rebasar el 10% en la operadora. En ambos casos la operación debe contar con los informes preceptivos de la Junta de Inversiones Exteriores (en la que participan varios ministerios, el CNI y el Departamento de Seguridad Nacional) y también pasar por el Consejo de Ministros para la autorización final. Fuentes del mercado anticipan que Arabia Saudí se decantará por no ejecutar todos los derivados ahora en sus manos para no superar así el 10% y evitar así complicar aún más el proceso de autorizaciones de las autoridades españolas. Fuentes oficiales de STC no hacen comentarios sobre las opciones que maneja.

Nueve meses de anunciar su entrada en Telefónica, la operadora STC, controlada en un 64% por uno de los fondos soberanos de Arabia, sigue sin confirmar haber formalizado la petición de autorización al Gobierno ni cuándo lo hará. La compañía árabe no está obligada a hacer pública la solicitud del permiso y el Ejecutivo español sólo estaría forzado a anunciar su decisión final sobre si autoriza o no la operación y con qué condiciones. De momento, desde el Gobierno ni se confirma ni se desmiente que el proceso de estudio formal esté en marcha, y desde diferentes Ministerios implicados sólo se apunta “no tener constancia” de que se haya formulado la petición por parte de Arabia.

El Gobierno controla ya más de un 9%

El Gobierno continúa con su escalada en el accionariado de Telefónica y se acerca ya a su objetivo de controlar un 10%. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público dependiente del Ministerio de Hacienda, ha confirmado que ya controla más de un 9% de las acciones de la compañía, tras invertir más de 2.000 millones de euros, con el objetivo de blindar la españolidad y la autonomía del grupo de telecomunicaciones y contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en el accionariado del grupo español.

SEPI ha comunicado a la SEC, el supervisor bursátil de Estados Unidos, que cuenta ya más de de 512 millones de acciones de la compañía de telecomunicaciones -representativas en concreto de un 9,038% del capital- por las que ha pagado un precio medio de 4,0177 euros por acción, lo que implica un desembolso total hasta ahora de 2.059 millones de euros.

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un movimiento de calado y autorizó a SEPI comprar una participación del 10% de la compañía, para blindar una compañía que considera estratégica por su vinculación con la seguridad nacional y la defensa y confirmando así el regreso del Estado al accionariado de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización total.