Mazón defiende su ley de Concordia ante las críticas de la ONU: "No se han leído la valenciana"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido este viernes la ley de Concordia valenciana ante los reparos expuestos por la ONU, que en un informe concluye que esta y otras normas muy similares presentadas por PP y Vox en diversas autonomías son contrarias a diversos tratados internacionales suscritos por España. Para el jefe del Consell, que asegura no conocer el documento, si en él hay críticas a la ley valenciana es porque la ONU “no se la ha leído”.

La ONU concluye que las "leyes de concordia" de PP y Vox vulneran los tratados internacionales

Mazón ha insistido en que no conoce “ningún informe” de Naciones Unidas, sino únicamente una “posible filtración de un posible informe a algunos medios” que “en ningún caso hace referencias sobre el caso valenciano”, ha argumentado el jefe del Consell. “En cualquier caso, si hay algo de ese estilo estoy convencido que es porque no se han leído la ley valenciana ni el caso de la C. Valenciana”, ha apuntado.

Además, ha defendido que la proposición de ley de Concordia valenciana, que arranca su tramitación este viernes en comisión en las Corts, “consolida y blinda los derechos de las víctimas de la dictadura franquista” y, como novedad, “incorpora derechos a otros que han sido víctimas de violencia política, que también tienen derechos”.

PP y Vox cuestionan el informe de la ONU y arremeten contra la ley de memoria democrática

Las exhumaciones heredadas

Por ello, ha cuestionado el grado de conocimiento de la ONU sobre la propuesta de PP y Vox en la C. Valenciana. “Ni se ha leído ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana”, ha dicho antes de remarcar que “en tan solo diez meses” en el cargo, ha firmado “422 exhumaciones provocadas por la violencia de la dictadura franquista”.

Estas iniciativas efectivamente han sido ejecutadas por el nuevo Consell de PP y Vox, si bien fueron adjudicadas por el Botànic en una de las últimas órdenes firmadas por la Conselleria de Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de Rosa Pérez Garijo y no podían ser revertidas. El propio Mazón se comprometió al poco de asumir la presidencia a mantenerlas "por seguridad jurídica" si bien ya avanzó entonces un giro en esta materia.

Lo que sí ha hecho el actual Ejecutivo autonómico ha sido ordenar la retirada de 500.000 euros del presupuesto de 2024 destinados a actuaciones de memoria como exhumaciones y retirada de simbología franquista. Presidencia asegura que se trata de un "aplazamiento temporal" forzado por los retrasos heredados del Botànic y que los fondos se recuperarán en 2025.

"Errores" y "desconocimiento palmario" de los relatores

Asimismo, fuentes de Presidencia abundan en los argumentos verbalizados por Mazón y cierran filas con la norma valenciana, asegurando que la ONU "incurre en errores fruto de su desconocimiento" sobre la ley estatal y la propuesta autonómica. Según apuntan, la ley que se tramita en las Corts responde a la "obligación internacional" de una resolución de la propia Naciones Unidas para dar un "trato igual a las víctimas de la violencia social y política de la Comunitat Valenciana".

Niega también que la ley de Concordia reinterprete los hechos históricos a través de las fechas y asegura que la norma previa del Botànic ya abarcaba "desde la proclamación de la II República hasta la entrada en vigor del Estatut d'Autonomía" como el período de represión a reparar.

Esa norma del Botànic, sin embargo, especifíca dos períodos: uno que comprende "desde el golpe de estado y la posterior guerra civil y dictadura franquista hasta el momento de la entrada en vigor de la Constitución española de 1978" y que va "referido a las medidas a adoptar respecto de las víctimas" y otro "más amplio", al que se refiere Presidencia, "referido a la recuperación y preservación de los valores de la denominada memoria democrática valenciana".

La Generalitat rechaza también que la ley se solape con la estatal: "En ningún caso se está legislando en contra" de esa norma del Gobierno sino que "simplemente se están asumiendo las competencias en la materia a nivel autonómico y reconociendo un catálogo mínimo de derechos y remitiendo el desarrollo de los mismos a la vía reglamentaria".

Con todo, concluyen que la ley de Concordia reconoce "expresamente" el derecho a localizar, exhumar e identificar personas desaparecidas; a reparar y preservar su memoria; a acceder a documentos en poder público "para investigar los sucesos que rodearon los actos de violencia descritos"; y a "investigar los hechos delicitivos perseguibles contra las víctimas del terrorismo que no hubieran sido resueltos".

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