Ley de seguridad ciudadana, prisión permanente, memoria democrática, 'sí es sí': las otras críticas del CGPJ a las reformas

El de la ley de vivienda no es el único 'revés' que ha recibido el Gobierno de coalición desde el CGPJ, y lo mismo les ocurrió en el pasado a ejecutivos del PP. Salvo por algunas mejoras técnicas, los políticos no suelen escuchar al órgano consultivo.

Archivo - Sede del CGPJ en Madrid
| PLENA INCLUSIÓN - Archivo

Cristina Gallardo

El informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará el próximo 27 de enero sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, y que se prevé crítico con los planes del Gobierno respecto del mercado del alquiler, no es el único dictamen crítico que ha recibido el Ejecutivo de Pedro Sánchez por parte de este órgano consultivo desde que comenzó la legislatura. También se incluyeron censuras en los informes sobre la Ley de Memoria Democrática, la del 'sí es sí' y alguna más específica del ámbito de la Justicia, como la de Eficiencia Procesal.

En el caso de la ley de vivienda el asunto ha tenido una mayor trascendencia política porque estaba prevista la aprobación de un texto complaciente con los principales puntos de la reforma, en especial en lo referido a la intervención del mercado del alquiler en zonas 'tensionadas', un borrador elaborado por el vocal Álvaro Cuesta del que se había incluso informado a la prensa desde el órgano de gobierno de los jueces. 

Finalmente, ocurrió algo tan poco habitual como fue el apoyo a una enmienda a la totalidad que ha obligado a nombrar nuevos ponentes y retrasar hasta el próximo jueves la discusión de un nuevo texto, que se prevé crítico con los planes del Gobierno de coalición pese a su carácter no vinculante. La decisión del CGPJ ya ha tenido consecuencias, pues impidió de facto la aprobación del Proyecto en el Consejo de Ministros del pasado martes.

El CGPJ, con mayoría de vocales designados a propuesta del PP, se encuentra fuera de mandato desde diciembre de 2018, y aunque el Gobierno legisló para impedir que en esta situación pueda realizar nombramientos discrecionales, mantuvo otras funciones, como es la de realizar informes sobre Anteproyectos legislativos que, aunque no son vinculantes, es obligatorio que se dicten antes de que la norma en cuestión pueda iniciar su andadura parlamentaria. No obstante, y por algunas mejoras técnicas, los políticos no suelen escuchar al órgano consultivo y rara vez modifican la cuestiones más espinosas de sus planes de gobierno.

Dudas de imparcialidad

Por otra parte, la situación de 'caducidad' en el CGPJ, que podría extenderse hasta el final de la legislatura, dada la negativa del PP a pactar la renovación, provoca que desde el Gobierno estén surgiendo voces que dudan de su legitimidad. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirmó este viernes que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "puede plantear alguna duda sobre la imparcialidad de sus informes", con lo que se une a las voces en el mismo sentido por parte de miembros de Unidas Podemos.

Otras críticas a Sánchez

Desde que tomó posesión, el Gobierno de coalición ha recibido críticas del Poder Judicial por otros proyectos, como es el de la ley de Memoria Democrática impulsado por la exvicepresidenta Calvo que por ahora se mantiene paralizado en la Comisión Constitucional del Congreso. 

En este caso, el dictamen se mostró muy crítico con algunos aspectos de la norma al considerar que vulneran la libertad de expresión. Para los vocales, la apología franquista que puedan realizar determinadas fundaciones está amparada por la ley siempre que no se humille a las víctimas, por lo que se pusieron pegas a la prohibición de fundaciones franquistas.

Lo mismo ocurrió con otra Ley que se encuentra en pleno trámite parlamentario, la de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del 'sí es sí'. En este caso, la mayoría acogió un informe elaborado por dos vocales progresistas Roser Bach y Pilar Sepúlveda- y por el conservador Juan Manuel Fernández que criticaba uno de los aspectos más destacados de la norma, como es definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual.

Los vocales no se mostraron de acuerdo con la fijación del concepto de consentimiento que se hace en la redacción del proyecto. De hecho, la consideran "innecesaria" porque, según explican, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente "ya se asienta sobre la idea de consentimiento", aunque no incluya una definición del concepto.

Incluso se han puesto pegas, aunque de menor entidad, a proyectos del Ministerio de Justicia enmarcados en la denominada Agenda 2030 como es la de Eficiencia Procesal, de que la se cuestionó su carácter coyuntural vinculado a la situación de crisis sanitaria. El pasado mayo, y de forma unánime, se cuestionó también a plena inmunidad de los ex jefes de Estado o de Gobierno porque haría inaplicable el principio de justicia universal.

 Además, el CGPJ se mostró muy desconforme con el trámite elegido por el Gobierno de Sánchez para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para limitar precisamente su función de hacer nombramientos en la cúpula judicial, ya que se hizo como proposición de ley y ello permitió saltarse el trámite de los informes preceptivos. Como respuesta, el órgano presidido por Carlos Lesmes encargó un informe técnico que señalaba que la reforma llevaría a este órgano a la "atrofia y la paralización" al dejar en el aire casi medio centenar de designaciones solo hasta finales de 2021.

Si nos remontamos al pasado, a 2005, una de las críticas más sonadas que se recuerdan fuer la realizada contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. A instancias del presidente por entonces del Consejo, Francisco Hernando, se eliminó del borrador inicial un párrafo que señalaba expresamente "llamar matrimonio a las uniones homosexuales supondría un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión entre un hombre y un animal".

Algo parecido pasó un año antes con Ley sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la medida estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El informe del CGPJ cuestionaba los juzgados de violencia de género por considerarlos "una suerte de jurisdicción especial" y, en términos generales no consideraba acertado que se regulase únicamente contra la violencia sobre las mujeres porque "una ley integral debe abarcar todos los ámbitos en los que se manifiesta la violencia doméstica”.

Críticas al PP

Pero no solo es el PSOE, ahora en coalición con Unidas Podemos, el que ha recibido sonoras críticas del Poder Judicial a sus reformas. Contra los proyectos del PP uno de los informes más duros fue el aprobado con ocasión de la denominada 'ley mordaza' en 2014. En dicha ocasión, y por unanimidad, el CGPJ encontró tachas de inconstitucionalidad en los aspectos de la normativa relativos a las retenciones, cuando las personas se nieguen a identificarse ante la Policía; la instalación de controles en lugares públicos, y la denegación del pasaporte en caso de declararse estados de alarma, excepción y sitio.

Igualmente fue muy crítico el Consejo con otra norma eminentemente jurídica, como fue la reforma penal de 2013 que impuso, entre otras novedades, la prisión permanente revisable. Sobre esta reforma, el dictamen del CGPJ incluyó dudas a la constitucionalidad de esta figura y de la custodia de seguridad.

cerrar
Sport

SPORT.es

Descarga gratis la app en tu móvil