Temor al colapso en el Congreso por el alud de leyes y decretos que envía el Gobierno

El "impulso reformista" de Pedro Sánchez ha propiciado una actividad del Gobierno de alta intensidad, lo que obviamente afectará al Congreso, al que espera un ajetreado y productivo periodo de sesiones (febrero-junio de 2022)

Pleno del Congreso de los Diputados.
| Alberto Ortega

Ángel Alonso Giménez

Durante la legislatura XII, la que presidió Ana Pastor, el Congreso tuvo que reforzar el servicio de taquigrafía con una empresa externa porque había tal número de comisiones y tal cantidad de sesiones que la plantilla de aquel entonces no se bastaba. Hasta que se produjo el adelanto electoral, con la consiguiente disolución de las Cortes, los diputados trabajaron a destajo y durante algunos trechos de los periodos de sesiones los trámites se atascaron por pura necesidad humana: no se podían hacer tantas leyes ni emitir tantos dictámenes a la vez. Es una opción que ahora puede suceder de nuevo y los grupos lo saben, tal y como EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, ha comprobado en conversaciones con diversas fuentes parlamentarias.

Pedro Sánchez sigue de cerca la situación en Ucrania. | EFE

La dinámica, la verdad, es justo ésta: el Gobierno aprueba decretos y los envía al Congreso, y aprueba proyectos de ley y también los manda al Congreso. Al mismo tiempo, los grupos registran proposiciones de ley, el Ejecutivo supervisa que su posible entrada en vigor no altere los créditos presupuestarios, y si es así, se debaten en el pleno para efectuar la posterior tramitación y negociación. Ahora mismo la nevera de leyes está absolutamente llena y la Mesa de la Cámara, y en segunda instancia las mesas de las comisiones, han de ordenar un trabajo ingente.

Trabajo que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tradujo en números, los del Plan Normativo de 2022. De entre las más de 360 iniciativas previstas para este año, habrá 92 leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias).

Personal del Congreso, en especial el cuerpo de letrados, se prepara para un nuevo periodo de sesiones más que intenso. Los servicios jurídicos de la Cámara son posiblemente los que acusan en mayor medida el frenesí normativo de los gobiernos. Dependientes de la Secretaría General, los letrados asumen tareas de envergadura, como la calificación de las leyes que llegan, y después, la supervisión de las que se tramitan. Cada comisión tiene un letrado encargado de informar sobre la idoneidad de las enmiendas presentadas, de ordenarlas, y por último, de ensamblar los dictámenes que servirán de base de la futuras leyes.

Meritxell Batet. | EFE

Casi 50 iniciativas en espera

Al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, el pasado miércoles, se le escapó en rueda de prensa una alusión a la sobrecarga de leyes a la que el Gobierno ha expuesto a los grupos, lo que para los pequeños es un problema mayúsculo. Cuando los procedimientos de aprobación de leyes se concatenan, pueden verse a los diputados con menos representación ir de una comisión a otra, de una sala a otra, para defender su posición durante cinco minutos y marcharse. Si coinciden las votaciones, el ajetreo es de película de comedia. Ana Oramas y Pedro Quevedo, representantes de Coalición Canaria y Nueva Canarias, han llegado a correr por los pasillos para llegar a tiempo a una votación. Cosas de ser los únicos de sus formaciones, y encima residentes en Canarias.

Un grupo como Ciudadanos, de nueve diputados, aunque en verdad son ocho porque de los menesteres diarios del Congreso queda excluida la líder, Inés Arrimadas, retrata bien la tensa espera previa a la tormenta. O el PNV o EH Bildu, que suman seis y cinco, respectivamente. La coordinación es clave, y así, el reparto de las tareas consiste más o menos en adjudicar un área a un integrante. Por ejemplo, María Muñoz es la voz económica del grupo "naranja", lo que le obliga a estar al tanto de los trámites de todas las comisiones relacionadas.

En fases tan caudalosas, ser grupo mayoritario supone una ventaja tremenda. Mientras en los pequeños la correlación es un diputado por sector, en los grandes puede haber dos-tres diputados encargados de un ámbito.

Síntoma del alud de leyes que se aproxima al Congreso es la lista de normas en plazo de enmiendas, es decir, en espera. Es una especie de limbo parlamentario. La Mesa, previa calificación, envía la norma a la comisión o la deja suspendida, aguardando a que la mayoría la desbloquee. Actualmente hay 47 iniciativas que dormitan en este limbo, desde la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución hasta una petición de reforma del reglamento de la Cámara para regular los grupos de interés (lobbys). Entre medias, dos iniciativas legislativas populares, 13 proyectos procedentes de otros tantos decretos, diez proyectos de ley presentados como tales por el Gobierno, otras diez proposiciones de ley provenientes de los grupos, seis con origen en el Senado y cuatro que derivan de las comunidades autónomas.

No todas se tramitarán, sin embargo. En el grupo de 13 proyectos que llegaron a la Cámara como decretos, hay medidas tan pegadas a los peores contextos de la pandemia (abril, mayo, junio de 2020) que es probable que nunca salgan de ahí. De hecho, en algunos casos, el tiempo de espera sobrepasa ya los 12 meses. Se trata algo de legal, pero dudoso en términos políticos, ya que la mayoría del Congreso, tras convalidar los decretos, votaron acto seguido someterlos a un proceso de negociación y cambio. Como el impulso o la congelación depende la mayoría de la Mesa, que ejercen PSOE y Unidas Podemos, basta que al Gobierno no le interese por la razón que sea la tramitación para que quede cogiendo polvo en ese cajón del plazo de enmiendas.

Isabel Rodríguez y Félix Bolaños. | EPE

La comisión de economía, la que más deberes tiene

La derogación de la ley mordaza es paradigma de cómo los intereses políticos pueden doblegar a los cauces parlamentarios. Registrada la propuesta por el PNV en septiembre de 2020, no se admitió a trámite hasta un mes después. En noviembre de 2022, más de un año después, PSOE y Unidas Podemos la desatascaron. ¿Por qué? Porque antes pactaron las enmiendas a presentar. Actualmente, una ponencia de la Comisión de Interior está viendo cómo dar forma al dictamen de la nueva ley de seguridad ciudadana.

Empieza a dejarse atrás la pandemia por obra y gracia de la vacunación. Pedro Sánchez, después de la contención de la crisis, ha movilizado a sus ministros para que lleven a cabo "el impulso reformista". Aprobados los presupuestos de este año y superados los primeros exámenes europeos para que los fondos empiecen a regar el tejido productivo español, el Gobierno ha puesto el turbo a la agenda.

Las últimas leyes aprobadas, en diciembre, fueron la de Formación Profesional y la de Residuos (ambas en el Senado ahora). Vienen muchas más.

La Comisión de Asuntos Económicos está enfrascada ahora en la aprobación de la ley de telecomunicaciones, y en cuanto acabe, se pondrá manos a la obra con la audiovisual. Son dos normas cruciales para sus respectivos sectores. Tiene en la recámara la de empresas emergentes, la de creación de empresas y dos trasposiciones de directivas europeas: acerca de los derechos de autor de transmisiones en línea y de retransmisiones de radio y televisión; y sobre blanqueo.

Otra comisión a cuyos diputados les aguarda una primavera sin un minuto de descanso es la de Cultura y Deporte. Acaba de entrar el proyecto de ley de modificación del depósito legal y han comenzado a estudiar la futura ley del deporte. Más adelante les llegará el Estatuto del Artista. La de Transición Ecológica pondrá la sexta velocidad para sacar cuanto antes dos normas destinadas a mitigar el precio de la factura eléctrica: la del fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico y la de emisiones de CO2 al mercado.

Teresa Ribera. | EFE

La de Transportes ha asumido ya otros dos proyectos, del sector ferroviario y para la rehabilitación edificatoria, y en unos días recibirá la nueva Ley de Arquitectura una vez la ha aprobado el Consejo de Ministros. Con todo, su trabajo se volverá arduo en cuanto aterrice la futura ley de vivienda, llamada a erigirse en un hito legislativo del Gobierno.

Salud mental y 'sí es sí'

El proyecto sobre los juzgados de lo mercantil, la proposición sobre bebés robados (en el limbo desde hace más de un año), una más referida a la libertad de expresión y la trasposición de la normativa sobre exoneración de deuda, impuesta por Europa, forman la agenda de la Comisión de Justicia, a la que hace poco se unió la propuesta del PSOE para modificar el Código Penal en lo relativo a la conducción imprudente de vehículos a motor. Si la Comisión de Asuntos Económicos tiene deberes, la de Justicia tiene una montaña de deberes.

La de Hacienda tiene a punto el proyecto legislativo del IVA y las tasas consulares, y ya en la cocina el de las plusvalías; la proposición de incentivos fiscales al mecenazgo y otra sobre el régimen fiscal de Baleares quedarán más adelante.

La Constitucional está dando los últimos retoques a la reforma del voto rogado en el exterior, lo que conllevará cambios en la ley orgánica del régimen electoral. Tras ello, asumirá más modificaciones en dicha norma y quizá el proyecto de memoria democrática, otro emblema del Gobierno, aunque enconado por las discrepancias profundas entre PSOE, Unidas Podemos, por un lado, y ERC y EH Bildu, por otro. La proposición de secretos oficiales, firmada por el PNV, está al fondo del cajón para enfado del portavoz vasco, Aitor Esteban. El Ministerio de Defensa está pergeñando su propio texto.

Yolanda Díaz. | EPE

Como la ley de memoria, serán emblemáticas la derogación de la ley mordaza, en la mesa de la Comisión de Interior, y la derogación parcial de la reforma laboral del PP, aunque aquí, si todo sale como el Ejecutivo quiere, no habrá trámite. Habrá uno serio en cuanto la coalición apruebe el proyecto de ley del Estatuto de los Trabajadores, pero podría ocurrir a partir de septiembre. Eso será otra historia.

También serán hitos la ley de garantía de libertad sexual, la del sí es sí, que la Comisión de Igualdad ha empezado a analizar cara a su aprobación definitiva y remisión al Senado. En este órgano parlamentario que preside Carmen Calvo va a velocidad de crucero la ley contra la discriminación, o ley Zerolo. Del mismo modo que Sánchez quiere modernizar la economía, pretende hacer lo propio en determinados ámbitos sociales. La ley trans espera su turno. Igual que la Ley de Ciencia, en la fase final de su periplo como anteproyecto. O la de salud mental, en las manos de los diputados de la Comisión de Sanidad.

40 comisiones hay en el Congreso. No todas afrontan una carga de trabajo similar, pero, como quiera que decenas de diputados deben estar en varias para que sus grupos políticas pueda abarcar la agenda legislativa e intentar dejar su sello en ellas, la primavera parlamentaria de 2022 va a ser una carrera de fondo, una prueba dura, una demostración trepidante de eso para lo que está el Congreso: hacer leyes.

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