El Gobierno defiende la labor de la justicia española y reclama la vuelta de Puigdemont

Con el conflicto catalán orillado desde hace tiempo en la agenda política nacional, el Gobierno aprovechó este miércoles la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre Carles Puigdemont para defender a la justicia española y reivindicar, a la vez, la política de pacificación de Pedro Sánchez y su apuesta por la "convivencia" en Cataluña, que es un elemento que

el propio jefe del Ejecutivo considera uno de sus mayores logros

.

Pero, a sólo 24 horas de que comience la campaña electoral del 23J, el Gobierno no ha querido dejar pasar que la fuga del expresident de la Generalitat se produjo durante el mandato del PP tras dos referéndum ilegales sobre la independencia. Varios ministros han mostrado la "satisfacción" del bloque socialista del Ejecutivo porque el TGUE haya avalado la actuación del Parlamento Europeo, que tramitó un suplicatorio para poder actuar penalmente contra él y los también europarlamentarios 

Toni Comín

 y

 Clara Ponsatí, lo que conllevó la retirada de su inmunidad parlamentaria.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que es "un espaldarazo y un respaldo indudable a las instituciones y la justicia española y también a la Eurocámara". "Dejémonos de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la Justicia. Esa es su obligación como ciudadano". La resolución del TGUE abre ahora la puerta a que el instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, 

Pablo Llarena

, pueda volver a cursar nuevas euroórdenes para tratar de nuevo conseguir su entrega.

Pero Llop ligó la decisión a la política de Moncloa porque, dijo, "gracias a la actuación que ha tenido este Gobierno la ley se cumple en Cataluña". "Muy distinto", apostilló, de lo que ocurría hace cinco años cuando había un Ejecutivo del PP, donde lo que encontrábamos era que los responsables huían de la acción de la Justicia".

La ministra no ha querido entrar en cómo ha podido afectar la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación que, aunque no tiene ninguna relación con el conflicto que dirimía el TGUE, el Gobierno impulsó para hacer inoperables las penas de inhabilitación que mantienen vigentes los condenados del 'procés', a pesar de los indultos, y evitar que entraran en la cárcel algunas de las personas pendientes aún de juicio.

De hecho, esta modificación legal molestó mucho a la judicatura. Al final el desenlace político que se perseguía quedó en nada porque el Supremo consideró que no podía aplicarse a la crisis catalana. Llop se limitó a subrayar que "evidentemente el Gobierno lo que ha hecho en estos últimos cinco años ha sido trabajar por la convivencia en Cataluña y restaurar esos puentes que se habían roto".

Este mismo mensaje lo han replicado otros ministros como el responsable de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del Gobierno y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Bolaños recordó que al expresident de la Generalitat "se le paró el reloj en 2017, le han dado la espalda el Parlamento europeo, la justicia española y de la UE y, sobre todo, la sociedad catalana". "Cataluña quiere mirar al futuro, no al pasado y a los representantes de su etapa más negra como el señor

Puigdemont

". "Estamos más cerca de que rinda cuentas ante la justicia española", manifestó tras recordar que "se fugó con un Gobierno del PP" y "ahora con este Ejecutivo dan la razón a España".

Isabel Rodríguez destacó que "el Gobierno ha reclamado durante todo este tiempo que debían comparecer ante la justicia española y responder por los hechos que se produjeron en el año 2017. Esta resolución ratifica esa posición del Gobierno y el Gobierno ampara a las instituciones europeas, avala la resolución también del

Parlamento Europeo

y por tanto reitera nuestra posición en que estas personas tienen que comparecer, tienen que rendir cuentas ante la justicia española".

Podemos cree que coloca a Sánchez en una posición "incómoda"

En contra de estas valoraciones se manifestó el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que en declaraciones a TV3, defendió que la retirada de la inmunidad a Puigdemont es el "movilizador emocional más rancio del reaccionarismo español" ante las elecciones generales. A pesar de los pronunciamientos de los ministros socialistas sostivo que "va a colocar en una posición incómoda a Pedro Sánchez y al PSOE y a cualquier formación política que no se posicione claramente a favor de los derechos políticos".

En la misma línea se pronunció en Canal Red la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, para quien "no es una buena noticia" y menos "a las puertas de una campaña electoral". En su opinión, Sánchez está casi "renegando" de aliados independentistas durante la legislatura y advirtió al PSOE que es importante "proteger la gobernabilidad del Estado" y del bloque de investidura durante este mandado, dado que si reniega de actores como ERC o Bildu "dejará de ser presidente".