Otro decreto "mix" en el Congreso: una mezcla de medicinas, transporte y Europa League de fútbol

El pleno del

Congreso

va a debatir este jueves un decreto que rima perfectamente con la actualidad, pero tiene truco. Es más que pertinente porque

aborda una serie de problemas

sobre el sector del transporte de mercancías por carretera que, debido al abrupto encarecimiento del combustible y de ciertas materias primas desde que

Rusia

invadiera Ucrania, van al Gobierno y a sus planes nacionales de respuesta como anillo al dedo.

Sin embargo, el truco se encuentra en ese ardid tan frecuente en decretos legislativos: la mezcla de temas que no tienen nada que ver entre ellos. Es legal, cabe recordar, pero también controvertido. Una vez más, los grupos parlamentarios han de debatir y votar un texto de urgente y extraordinaria necesidad que, además de ese asunto principal, cuela la regulación de los contratos públicos, el abastecimiento de medicamentos contra el covid 

y el régimen de exenciones fiscales que supondrá la celebración en

Sevilla

de la final de la edición de este año de la Europa League, la segunda competición futbolística del continente.

Un sondeo a los grupos hecho por El Periódico de España, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, indica que el decreto será convalidado, salvo sorpresa de última hora. A pesar de que está viejo y de que otra vez el Gobierno recurre a la técnica "ómnibus" (combinación de asuntos diferentes), habrá aval y el texto seguirá en vigor. El

Consejo de Ministros

lo aprobó el pasado día 1 porque una directiva de la

UE

obligaba a ello y porque antes de finales del año pasado el Departamento de Raquel Sánchez acordó con el comité de trabajadores del sector del transporte de mercancías por carretera una serie de cambios normativos. De paso, incluyó esos aspectos referidos antes, así como el establecimiento de medidas adicionales para reforzar la protección de los trabajadores fijos-discontinuos de más de 52 años.

El decreto aborda un asunto que no es baladí. Tal y como se señala en la justificación, "se calcula que en España faltan del orden de 15.000 conductores profesionales" para llevar a cabo el transporte de mercancías por carretera. La tendencia apunta a un recrudecimiento del déficit, por lo que la solución al problema no está a la vuelta de la esquina precisamente. La causa principal radica en las "duras condiciones de trabajo" en el sector, y dentro de ésta un problema fundamental está en la necesidad de cargar y descargar dichas mercancías.

El contexto no lo está poniendo fácil. En el decreto se constata una inercia de los precios anterior a la invasión de Rusia a Ucrania en el que seguramente incidirán los grupos de la oposición durante el debate de este jueves en el Congreso. Porque desde octubre de 2020 al mismo mes de 2021 el incremento del precio del gasóleo

, de acuerdo con las cifras que aporta el decreto, ha sido del 32%. Ahora, es evidente, la situación ha empeorado. El nivel de influencia nociva de la alta inflación en la salud de las empresas del sector es mayúsculo, tal y como subraya el Ejecutivo en el decreto: los pequeños empresarios quedan "sin margen de maniobra".

Así que el Ministerio de Transporte (el decreto lo emite, no obstante, el Ministerio de Presidencia) impulsa una batería de medidas para atajar la asfixia económica y para aliviar la penosidad laboral. Entre éstas, sobresalen la prohibición de que el conductor lleve a cabo la carga y descarga en vehículos que pesen más de 7,5 toneladas; la reducción de la espera a partir de la cual el transportista cobrará indemnización; o "la revisión obligatoria del precio del transporte ante la variación del precio del combustible". Hay más, pero éstas son de envergadura porque atacan las vicisitudes flagrantes.

Los grupos van a respaldar las novedades porque con la que está cayendo en términos inflacionistas y en el estado de ánimo social, un voto en contra sería difícil de explicar y más difícil de entender. El aparejamiento del precio del transporte al precio del combustible es sin duda una medida más que conveniente en la actualidad, cuando en las gasolineras el precio por litro ronda los dos euros, lo nunca visto.

El motivo que hace viejo al decreto

El pleno del Congreso va a discutir un decreto aprobado el 1 de marzo que en la justificación dice cosas como ésta: "Tras el descenso experimentado en 2020, los precios de las materias primas han subido con fuerza en 2021, en el contexto de la recuperación económica. El alza extraordinaria del coste de determinadas materias primas que resultan necesarias para la ejecución de ciertas unidades de obra ha repercutido de manera intensa en los contratos de obras".

De la regulación del transporte de mercancías por carretera pasamos a la regulación de las condiciones para la formalización de contratos en el sector público, lo que también lleva meses en un brete por culpa de la tensión inflacionista. Ahora, por la guerra, más todavía. Para que se entienda: contratar cuesta cada vez más. Por esta razón, básicamente por ésta, el decreto abre la vía para "una revisión excepcional", tanto en el ámbito público como en el privado, que siga este criterio: siempre que el incremento del coste de los materiales empleados "haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021". Del primer requisito cuelga un segundo, que es que ese coste de los materiales "exceda del 5% del importe certificado del contrato".

Ahora bien, la cuantía de la revisión no podrá superar el 20% del precio de adjudicación del contrato. Tal y como apuntan diversas fuentes parlamentarios, "esto ya está desfasado" como consecuencia de la

guerra de Ucrania.

Europa League y medicamentos Covid

Más o menos el decreto muestra un contenido uniforme, de coherencia temática, hasta que aparece la disposición adicional sexta, dedicada a la regulación del régimen fiscal que será de aplicación en la final de la

UEFA Europa League

2022, lo que incumbe también a los equipos que disputen la final. En este momento, disputan la competición, la segunda más importante del continente, el Sevilla, el Barcelona y el Betis.

Dice este precepto que quedarán exentas del Impuesto de Sociedades las entidades que se formen para dar servicios específicamente relacionados con el evento. Del pago del impuesto sobre la renta estarán excluidos los establecimientos que disponga la organización del partido y los que constituyan los equipos finalistas. Igualmente, habrá una serie de exenciones para ciudadanos.

Una disposición idéntica atañe al Global Mobility Call-GMC, concebido como un "foro mundial en el que se pretende reflexionar de forma global y multidisciplinar sobre la realidad actual y futura de la movilidad sostenible". Madrid lo acogerá en junio.

De tema en tema, saltando, el decreto, de repente, recalca que "la aparición de medicamentos ha resultado crítica en la protección de la población" frente a la pandemia. Si bien pone el acento en la vacunación, añade la relevancia de otras medicinas, bien porque previenen, bien porque tratan la enfermedad. El Gobierno sitúa aquí la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas, pues, no se olvide, el encaje y pertinencia de los decretos proviene justo de esa extraordinaria y urgente necesidad.

Se puede mezclar en un decreto diversos asuntos, inconexos incluso. Ahora bien, la mezcolanza tiene que sujetarse en ese carácter extraordinario y urgente. Aquella disposición final que reformó la ley del Centro Nacional de Inteligencia para incorporar a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente, en su comisión delegada ha sentado un precedente nítido y diáfano. Era un decreto destinado al combate contra el coronavirus en una coyuntura en la que los ciudadanos se encerraron en sus casas en virtud del estado de alarma. El Tribunal Constitucional resolvió que todas las medidas sanitarias y sociales eran urgentes y necesarias, menos la del

CNI

, que en consecuencia anuló.

Así que, en relación con el suministro de medicamentos contra el covid, el decreto que este jueves verá el Congreso añade una disposición adicional séptima para garantizar su provisión.

Por si fuera poco, un cupo de disposiciones transitorias intentan rellenar una serie de lagunas en la protección de colectivos vulnerables, en concreto el de los trabajadores fijos discontinuos de más de 52 años, que se verán en las mismas condiciones que los indefinidos para, llegado el caso, acceder al subsidio por desempleo.