La Seguridad Social, otra de las batallas del fútbol femenino

Estas semanas se ha tratado mucho la situación dentro del fútbol femenino español donde se ha desatado otro frente de guerra total entre el modelo actual de Liga Iberdrola con una Asociación de Clubes femeninos y apoyados por La Liga frente al modelo presentado en Junta por la RFEF hace unas semanas y que quiere implantar a partir de la próxima temporada 2019-2020.

Hace unos días os contamos el último episodio que pasa por la carta enviada por la RFEF a los presidentes de los clubes de la actual Liga Iberdrola, esencialmente a 14 de los 16 clubes que lo forman actualmente, instando en un plazo de veinte días a que se incorporen a este nuevo modelo federativo porque desde la RFEF entienden que atenta contra los principios de la UEFA, FIFA y los propios reglamentos federativos. Una misiva que ha sentado realmente mal entre los presidentes de estas entidades.

Detrás de este enfrentamiento se esconden dos modelos totalmente distintos de gestión de la competición. En el actual son los clubes quienes tienen el control sobre sus derechos audiovisuales. Es más acaban de llegar a un acuerdo con MEDIAPRO por sus derechos audiovisuales a razón de un montante total de 9 millones de euros. 

Por el contrario el modelo de la RFEF, que contaría con el visto bueno de la FIFA y UEFA, es el estamento federativo quien explota todas estas partidas, incluidos los derechos de imagen de las jugadores, a cambio asegura unas cantidades fijas para todos los participantes.

Pues bien dentro de este escenario de choque frontal hay otro capítulo muy importante que va dar pie a la polémica. Y tiene que ver con la partida de la Seguridad Social que recibe el fútbol femenino directamente del CSD procedente de los ingresos totales por la venta de los derechos audiovisuales del fútbol profesional.

El Real Decreto de Venta Centralizada del 30 de abril del 2015 establece en su punto 6 las “Obligaciones de las entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga”. Dentro del mismo establece que hasta un 0,5% de los ingresos se entregará al Consejo Superior de Deportes que lo destinará a una serie de finalidades. La primera de ellas habla de “ayudas a las entidades que participen en la Primera división femenino para financiar el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como a las deportistas y entrenadores para financiar el pago de cuotas del trabajador”.

Estamos hablando, según los términos del acuerdo audiovisual actual cercano a los 1500 euros, de alrededor de 7,5 millones de euros por esta partida que se reparte también a la Segunda B y los sindicatos de futbolistas.