La Seguridad Social revela el camino para recibir la incapacidad permanente total sin necesidad de solicitarla

En el contexto español, la Seguridad Social desempeña un papel crucial al proporcionar una red de seguridad financiera para trabajadores que enfrentan lesiones o enfermedades, otorgando una pensión contributiva que, en algunos casos, se puede combinar con la actividad laboral.

Esta es la pensión de la Seguridad Social que ya pueden pedir las amas de casa

Casi un millón de beneficiarios descubren que la administración inicia el proceso de incapacidad permanente sin necesidad de una solicitud formal por parte del trabajador. Este paso inicial no garantiza la aprobación, pero establece el punto de partida para el procedimiento futuro, todo ello respaldado por la Ley, en particular el Real Decreto Legislativo 8/2015, que obliga a la Seguridad Social a tomar la iniciativa en la tramitación de la pensión de incapacidad permanente.

En situaciones comunes, los trabajadores suelen recibir primero una prestación por incapacidad temporal, una baja médica con una duración máxima de un año, que puede extenderse hasta 540 días en casos de posibles mejorías. Si no se observa mejoría, la Seguridad Social inicia automáticamente el proceso para otorgar la pensión de incapacidad.

El trabajador debe acudir al tribunal médico para ser examinado y recibir un grado de discapacidad mínimo del 33%, seguido por la definición de la modalidad de incapacidad, como parcial, total, absoluta o Gran Invalidez. Este proceso, según Campmany Abogados, implica varias fases que duran aproximadamente 135 días por vía administrativa.

La carta inicial de la Seguridad Social informa al trabajador sobre el inicio del proceso y contiene un formulario de solicitud de oficio. Este puede ser aceptado o rechazado, y en caso de aceptación, el trabajador debe completar el formulario o presentar alegaciones.

El tribunal médico realiza exámenes y entrevistas para evaluar la discapacidad, y finalmente, la aceptación o denegación de la pensión se decide a nivel local por el Director Provincial de la Seguridad Social. En casos de silencio administrativo después de 135 días, se asume que la pensión ha sido denegada.