La exdirectora de cumplimiento normativo del Barça denuncia coacciones de miembros del club

La exdirectora de cumplimiento normativo del Barcelona, Noelia Romero, denunció "coacciones por parte de Román Gómez-Ponti (exjefe de los servicios jurídicos) y de Marta Plana (exdirectiva) "durante su investigación interna del caso 'Barçagate' en el juicio por su despido de julio de 2020.

"Yo hice hasta tres denuncias de coacción por no poder acceder a la información e investigar sobre el 'Barçagate'. Los Mossos d'Esquadra concluyen que mi informe es completo e íntegro y que lo han usado para su investigación del caso", añadió Romero ante los medios a la salida del Juzgado de lo Social Número 8.

Además, explicó que "el Barça contrató a una empresa (la auditora KPMG con un coste de 75.000 euros) para hacer un informe" sobre ella "dirigido por parte del club con información sesgada" y que este sirvió de base para "hacer su carta de despido".

La denunciante solicita 300.000 euros por daños y perjuicios, la nulidad del procedimiento y un despido improcedente que tendría como compensación 14.906,76 euros.

A pesar del cambio en la presidencia en marzo de 2021, la postura del Barcelona, defendida por el abogado Berenguer Tomàs, sigue siendo que el despido de Romero fue disciplinario por "las falsedades en el informe del 'Barçagate', la existencia de denuncias incompletas, las actas del departamento 'Compliance' (cumplimiento normativo) sin firmar y la absoluta pérdida de confianza en su persona".

En cambio, el abogado de la demandante, Antonio Jordà, expuso que el despido tiene relación directa con el informe de Romero sobre el 'Barçagate', que "el Barça, con la resonancia mediática que tiene, no puede maltratar así a una 'compliance officer'" y que debe haber "una sanción ejemplar".

Además, advirtió de que "el presidente (Josep Maria Bartomeu), el director general (Óscar Grau) y el jefe de los servicios jurídicos (Román Gómez-Ponti) están imputados en el caso por culpa del informe de Romero y participaron en su despido".

Los testigos de la parte denunciante, los exdirectivos Maria Teixidor, Enrique Tombas y Jordi Calsamiglia, que dimitieron junto a tres directivos más el 9 de abril de 2020 a raíz del informe interno sobre el 'Barçagate, y el presidente del Comité de Empresa Jaume Feliu defendieron la gestión profesional de Romero durante su estancia en el Barcelona y la validez de su trabajo en este caso.

"Para mí el despido de Romero es una represalia directa", sentenció Calsamiglia. "Hubo una resistencia por parte de algunos departamentos del club mientras hacia el informe, especialmente del departamento jurídico", añadió. "El informe de Romero fue riguroso", explicó por su parte Tombas. Tanto Calsamiglia como Tombas formaban parte del Comité de 'Compliance' como representantes de la directiva cuando estalló el 'Barçagate'.

Entre los testigos del Barcelona estuvo el propio Gómez-Ponti, quien aseguró que durante el liderazgo de Noelia Romero "los mecanismos de 'Compliance' no estaban funcionando y contaminó los circuitos". Además, admitió que como jefe de los servicios jurídicos del club bloqueó "circuitos de pago a proveedores del departamento de 'Compliance'".

David Bellver, directivo que entró en el departamento de 'Compliance' cuando dimitieron seis directivos en abril de 2020, fue otro de los testigos aportados por el club azulgrana. "La 'Compliance Officer' no nos entregó la información que le pedimos o tardó mucho en hacérnosla llegar y no nos respondió algunos correos electrónicos", explicó.

Mireia Simona, actual miembro del comité de 'Compliance' y otro de los testigos del Barcelona, también apoyó esta argumentación. Además, el club azulgrana aportó la prueba testifical de Enric Olzina, uno de los peritos de KPMG que hizo el informe del departamento de 'Compliance' en el que se basó la carta de despido de Noelia Romero.

El juicio, que duró prácticamente cuatro horas y se celebró en la Ciudad de la Justicia, quedó visto para sentencia este martes.