La jueza deniega la libertad a dos de los detenidos por la tragedia de Barbate como hizo con Kiko el Cabra

El informe que entregó el 7 de mayo la Guardia Civil lo dejó claro: la narcolancha en la que iba Kiko el Cabra no fue la que arrolló y mató a los dos guardias civiles en Barbate. Aun así, la jueza al cargo de la investigación denegó la petición de libertad del principal investigado el 10 de mayo, basándose en la acusación de los delitos de contrabando y pertenencia a organización criminal. Once días después, la magistrada aplica el mismo criterio a otros dos de los seis detenidos, Mustafa C. y David G.N., en prisión provisional desde el 12 de febrero.

Tal como confirman fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate ha desestimado estas peticiones "al entender que, pese a dicho informe, los encausados están siendo investigados por supuestos delitos de contrabando cometidos en el seno de un grupo u organización criminal, resistencia y desobediencia a agente de la autoridad". Estas acusaciones, de demostrarse ciertas, podrían acarrear en total "una pena grave de hasta ocho años y medio de cárcel".

El arraigo que han invocado los abogados de los dos detenidos no es motivo suficiente para la jueza. Asimismo, el auto recoge que David G.N. cuenta con "antecedentes policiales y está siendo investigado actualmente en otros dos procedimientos judiciales".

Ambos autos dictados son recurribles, según precisan fuentes del TSJA. De hecho, la Audiencia Provincial de Cádiz "tiene pendiente resolver varios recursos de apelación presentados por otros investigados" que piden también la libertad provisional.

La magistrada abrió diligencias contra los mandos de la Guardia Civil

La jueza admitió a trámite hace dos semanas la denuncia de la AUGC contra los mandos de la Guardia Civil que dieron la orden a los agentes de intervenir aquel 9 de febrero. Los dos miembros de la Benemérita denunciados son el general jefe de Zona de Andalucía y el coronel de la Comandancia de Cádiz.

La denuncia gira en torno a una supuesta infracción contra la normativa de prevención de riesgos laborales, prevista en el artículo 316 del Código Penal, bajo el supuesto de que no se hubiera facilidado a los trabajadores "los medios necesarios" para "desempeñar su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas" poniendo "en peligro grave su vida".

Tal como explicó la AUGC en un comunicado, "este grave suceso ha de tener responsables, tanto para los narcotraficantes como a nivel interno".