Los investigadores, molestos por pagar hasta 17.000 euros para su jubilación: "Es una tomadura de pelo"

"Me interesa mucho cotizar esos cinco años porque me acercan muchísimo a la jubilación, pero no a ese precio. A efectos prácticos, no me merece la pena". José Antonio Uría, que ahora trabaja en el Centro de Investigación de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria como funcionario, ejerció como investigador de Bioquímica en la Universidad de Oviedo. Durante casi nueve años fue becario. La iniciativa del Ministerio de Seguridad Social de recuperar la cotización de los años en que los investigadores ejercieron como becarios fue recibida con los brazos abiertos por Uría y mucho más como él. Sin embargo, el excesivo precio a pagar por poco más de la mitad de los años en que fue investigador becado le obliga a rechazar esta opción.

El pasado 1 de mayo, el Ministerio dirigido por Elma Saiz publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial mediante la cual los investigadores que hubiesen ejercido gracias a becas podrían convalidar hasta cinco años para la cotización de su jubilación. Sin embargo, la noticia, un viejo anhelo de los científicos, tenía cara B: los mismos interesados son quienes deben asumir tanto la parte que les corresponde como empleados como la del empleador. Hasta 290 euros por mes que se pretenda convalidar, lo que supone más de 17.000 euros por los cinco años que se estableció como fecha límite.

En Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de la Universidad de Oviedo critican esta decisión, ya que "implica hacerlo con cifras actuales en lugar de con las correspondientes a los años trabajados". CC OO ahonda en los "efectos perjudiciales" que supone, además, la inclusión de los funcionarios en el grupo 1 de cotización: "Podría provocar que les reduzca la pensión". Por su parte, UGT denuncia una "doble discriminación" ante lo que consideran una cantidad "abusiva" a desembolsar por parte de los afectados. Izquierda Sindical Asturiana (ISA), como el resto de sindicatos, insta a que se modifique la orden ministerial "para que sean los empleadores quienes asuman las cotizaciones de los trabajadores".

"Tomadura de pelo"

Varios afectados contactados por LA NUEVA ESPAÑA aportan su testimonio ante una situación que califican como "injusta" y una "tomadura de pelo". Muchos critican que se dejen en el aire gran parte de los años en los que "trabajamos sin derechos". Según explican, en aquellas décadas –desde los 80 hasta el 2011–, la única oportunidad para comenzar la carrera de investigador empujaba a los recién licenciados que comenzaban su doctorado a solicitar becas. Entre otros perjuicios, destacan la carencia de Seguridad Social, un seguro de salud o el derecho a bajas, incluido el periodo de maternidad. "Si te quedabas embarazada te decían que no cobrabas hasta que te reincorporasen", aseguró una de las afectadas.

"No entiendo que sólo pueda reconocer cinco años de trabajo, es como si el resto no fuesen reales", critica Uría, que recuerda un procedimiento similar que se llevó a cabo en 2011 "al que mucha gente se acogió" y que implicaba un coste "mucho menor". "En tal caso me lo plantearía, pero no como se ha decidido actualmente. Cuando estaba como becario, cobraba 75.000 pesetas al mes -unos 400 euros actuales-. Pagar ahora casi 300 significa que devuelvo mi salario", señala Uría, y añade: "Sufrimos la injusticia de cómo estaba entonces y además asumimos la parte del empleador. Es una atrocidad".

Luisa Sierra, profesora de Genética en la Universidad de Oviedo, también ejerció como investigadora becada en la institución asturiana entre 1982 hasta 1991. En sus primeros años, Sierra recibió una beca ministerial por la que cobraba 35.000 pesetas al mes, que al cambio actual serían unos 300 euros, una cantidad similar a la que debería aportar actualmente si quisiese recuperar su cotización. Por este motivo, la investigadora afirma que no se acogerá a la medida. "Tendría que pagar lo mismo que cobraba durante esta etapa, y además con una cotización más baja", critica Sierra, que tampoco se acogió a la recuperación de años de 2011. Como Uría, afirma que se plantearía sumarse "si la cantidad a aportar fuese acorde al sueldo de aquella época", aunque añade: "Me parece fatal que tengamos que asumir la cuota del empleador".

Un "desaguisado"

Ángeles Fal, actualmente en el Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) de la institución académica asturiana, es otra de las afectadas por la medida ministerial. "La iniciativa es de agradecer porque es una reivindicación histórica, pero ni lo consultaron ni se ha hecho bien. Es un desaguisado", critica. Ella ejerció 9 años como investigadora becada en la Universidad de Oviedo, por lo que la limitación de cinco años deja sin valor los cuatro restantes que trabajó como becaria. "Gracias a nosotros mejoraron los índices de investigación, pero ahora resulta que no se nos reconoce. No sirvieron para nada".

Además, Fal recuerda que en 2011 aprovechó la medida para recuperar dos años de prácticas "asumiendo la cuota patronal". Sin embargo, hoy admite que "no estoy dispuesta a volver a hacerlo".

La trabajadora del PTGAS señala como alternativa una medida que la Administración Pública aprobada en junio de 2023 por la que el Estado asume el 95 por ciento de las cotizaciones por las prácticas remuneradas y no remuneradas. "El Gobierno cedió a las protestas de las empresas y de las universidades. Sin embargo, a nosotros nos hace asumir la cotización patronal. Espero que la ministra rectifique porque casi nadie asumirá el coste", asevera Fal.

Y es que incluso fue la propia ministra Saiz quien afirmó recientemente que desde el departamento de Seguridad Local se calcula que apenas el 1 por ciento de los investigadores se acogerán a dicha alternativa.

Por su parte, el grupo parlamentario de Sumar presentó el pasado día 10 una proposición no de ley en la que se atienden las reclamaciones del colectivo de investigadores. Piden que los interesados no aporten más que "la cantidad correspondiente a la cuota obrera", que se permita la elección de la base de cotización mínima del grupo 8 y el reconocimiento del grupo correspondiente a la titulación asociada, y que no se limite el tiempo del periodo a cotizar. Además de las principales reivindicaciones de los beneficiarios, Sumar propone que el convenio sea accesible para quienes ya hayan accedido a sus pensiones de jubilación, incapacidad u otras para que se recalcule la pensión a recibir.

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