Puigdemont pide al Tribunal de Cuentas ser absuelto del 1-O y de la acción exterior

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a la presidencia, Carles Puigdemont, ha apurado el plazo para presentar sus conclusiones en el procedimiento en el que se dilucida si hubo perjuicio en las arcas de la Generalitat por el 1-O y la acción exterior del Govern. Y, mientras la ley de amnistía en tramitación se convierte en realidad, solicita su absolución y el rechazo de la demanda con la que la fiscalía le reclama, junto a los otros 34 demandados del procedimiento, el pago de 3,1 millones de euros, cantidad que Societat Civil Catalana eleva a 5,3.

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En sus conclusiones, de 24 páginas, a las que ha tenido acceso El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, el candidato de Junts argumenta que goza de inmunidad como europarlamentario, condición que no perderá hasta que asuma el escaño conseguido en el Parlament o se renueve el Parlamento Europeo tras las elecciones del 9 de junio. Ello, sostiene, habría obligado a cursar un nuevo suplicatorio para poder investigarle. E insiste en su alegación -que la consejera que debe dictar sentencia, Elena Hernáez, siempre ha rechazado- de que está siendo juzgado dos veces por los mismos hechos, por la causa seguida en el Tribunal Supremo por el 'procés' y por su presunta responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas.

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La defensa de Puigdemont, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, niega la mayor: no hubo pejuicio para las arcas públicas catalanas, argumento mantenido por la propia Generalitat, que rehusó acusar, lo que motivó en su día la retirada de la Abogacía del Estado del procedimiento. "Cuesta hacer una relación de hechos cuando todavía no sabemos de qué actuación concreta se acusa a ninguno de los codemandados, y en concreto a mi mandante. De acuerdo con los escritos presentados por todas las partes y la prueba practicada no se ha demostrado o siquiera concretado la producción de ningún gasto fuera de las competencias de la Generalitat", asegura el escrito.

Puigdemont argumenta que en las conclusiones de las acusaciones pública y popular no se han individualizado las conductas que se atribuyen a los 35 demandados, entre los que también figura el presidente de ERC hasta las pasadas elecciones, Oriol Junqueras, y el expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado penalmente, así como por el Tribunal de Cuentas por la consulta del 9-N de 2014, que había sido prohibida por el Constitucional.

Agrega que "durante la fase de actuaciones previas, se probó" que muchos de los gastos contabilizados "se produjeron, precisamente, en el ámbito de las competencias del Govern de la Generalitat por más que, en un afán criminalizador, se pretenda mantener lo contrario", así como que otros ni existieron. Ello le da pie a sostener que "por la vía de la represión sancionadora de este tribunal, se pretende derogar competencias de la Generalitat, constando en el Estatut en vigor, privándole de la acción exterior", porque las delegaciones en el extranjero tienen plenas competencias para realizar el gasto que crean oportuno.

Además, afea a la fiscalía que se apoye en la sentencia del 'procés' "para señalar que únicamente se va a exigir responsabilidad contable a los consejeros que materializaron actos de dispendio para, a continuación, ir más allá que la citada sentencia" y señalar que Puigdemont "también debe ser considerado responsable, a pesar de no haber sido enjuiciado por estos hechos vulnerándose con ello su derecho a la presunción de inocencia".

El Supremo condenó a los principales líderes del 'procés' por un delito de sedición en concurso con malversación y para determinar la cuantía exacta en la que se había cometido este último remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas, en el procedimiento que está pendiente de sentencia. Puigdemont no fue juzgado porque huyó y fue declarado en rebeldía, pero la Fiscalía le atribuye la responsabilidad de todos los pagos como máxima autoridad en Catalunya en el momento de organizarse el referéndum ilegal.

En el escrito no se menciona de modo alguno la amnistía, pero la ley en tramitación, que se prevé que sea aprobada a finales de mes, supondrá el archivo del procedimiento o, al menos su paralización, si para entonces la consejera aún no ha dictado sentencia y consulta al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la nueva norma se ajusta a la carta magna y al derecho europeo.