Los ocho municipios que podrían cambiar de nombre con la ley de memoria democrática

Eduardo Ranz, abogado de

víctimas del franquismo

, ha presentado este martes peticiones a ocho municipios de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León para que cambien su nombre y a veinte arzobispados y obispados para que retiren simbologías franquistas en aplicación de la recientemente aprobada

ley de memoria democrática

.

En un comunicado el letrado recuerda que aún existen ocho municipios con nombres dedicados "a quienes hicieron vivir la peor etapa de la historia más contemporánea" de

España

.

En concreto menciona tres en Castilla y León, Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos) y San Leonardo de Yagüe (Soria); dos en Extremadura, Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, ambos en la provincia de Badajoz; otros tantos Castilla-La Mancha, Alberche del Caudillo (Toledo) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real), y uno en Andalucía, Villafranco del Guadalhorce (Málaga).

Ranz alega que el artículo 35 de la nueva ley establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos.

A su vez relaciona veinte territorios diocesanos con símbolos franquistas y explica que la ley señala que cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso pero con proyección a un espacio o uso público las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos.

En este sentido hace referencia a siete arzobispados, los de Oviedo, Mérida-Badajoz, Pamplona-Tudela, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Igualmente trece obispados, los de Getafe, Alcalá de Henares, Cartagena, Ciudad Rodrigo, Almería, Córdoba, Coria-Cáceres, Ourense, Orihuela-Alicante, Santander, Tui-Vigo, Calahorra y La Calzada-Logroño y Segovia.

Eduardo Ranz advierte de que el artículo 61.2.d) de la ley califica como infracción grave el mantenimiento de simbología franquista en un ayuntamiento o en el seno de la iglesia católica.

Explica que dicho precepto establece que "el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares" supondrá una multa de entre 2.001 y 10.000 euros.

El abogado se congratula de que "pronto la simbología de exaltación de quienes cometieron crímenes contra la humanidad en España desaparecerá y será gracias a una ley democrática".

Sin embargo lamenta que aún estén presentes "en carreteras, mapas o centros religiosos de España simbología que recuerda" al franquismo.