El Gobierno sospecha que la iniciativa del recurso partió del propio TC y no del PP

El Gobierno acumula cada vez más evidencias sobre cómo

el PP y el sector conservador del Tribunal Constitucional habrían urdido la maniobra para impedir el cambio a una mayoría progresista. Empezaron a recelar el miércoles pasado, cuando se conoció la rápida convocatoria del pleno extraordinario para atender la petición del grupo popular de suspender la tramitación de las enmiendas que afectaban a la renovación de este órgano. Ya en esos primeros compases en Moncloa presintieron que actuaban en connivencia.

En los días siguientes, después de que el TC acordara la paralización de esas enmiendas, destinadas a sortear la negativa del bloque conservador del

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

a nombrar a sus representantes en el

Constitucional

, la sospecha ha ido en aumento. Hasta el punto de que en el Ejecutivo piensan que la idea del recurso partió del propio TC.

La sensación en el Gobierno, según apuntan distintas fuentes, es que alguien del bloque conservador propuso al PP su presentación y la solicitud de medidas cautelarísimas de paralización del trámite legislativo. Un requerimiento que no se había formulado nunca y que sirvió en bandeja la decisión final del tribunal de suspender las enmiendas, en medio de una enorme polémica y con los únicos votos a favor de este sector.

Precisamente, una de las últimas incorporaciones al tribunal, en el último acuerdo entre PP y PSOE hace un año, es Enrique Arnaldo, que ha sido letrado en el Congreso. Arnaldo está muy vinculado a los populares y se le propuso para el puesto justo para que Génova tuviera toda la información de lo que pasa en el TC y mantener una interlocución constante, como ha sucedido estos días, según ratifican distintas fuentes del partido.

Obviamente, existía una base jurídica para el recurso del PP, ya que estas enmiendas, que modifican leyes orgánicas, se colgaron de la reforma de los delitos de la malversación y la sedición con la que no guardaban ninguna relación. Una práctica que el Constitucional ha censurado constantemente, aunque nunca antes había impedido su votación. A ningún grupo parlamentario, en 44 años de democracia, se le ocurrió demandar que se paralizara la tramitación.

La inexistencia de precedentes no es una cuestión menor, la propia Fiscalía, que emitió este miércoles informe, lo resalta como una cuestión relevante para que el TC no hubiera adoptado esa resolución, que supone un cambio en la interacción del Constitucional con el Congreso y el Senado. En el Gobierno, el hecho de que la decisión se tomara tan rápido alimenta sus recelos.

"¿Cuándo el TC ha resuelto algo en 24 horas? Se ha hecho así porque nosotros estamos en el Gobierno", defiende un ministro socialista.

Contrapoder en el CGPJ y en el TC

En el Ejecutivo se muestran convencidos de que desde el sector conservador del CGPJ, que se ha negado hasta ahora a cumplir la ley y nombrar a los dos candidatos que le corresponden en el TC para impedir el vuelco hacia una mayoría progresista, se le hace directamente oposición, y esta impresión se amplía ahora al TC. En el Constitucional, sostienen desde el Gobierno, "están haciendo política".

El propio 

Pedro Sánchez

 aseguró este martes, en su debate con Alberto Núñez Feijóo en el Senado, que hay poderes que "acompañan" e incluso "dirigen" al PP. Son, dijo, cada vez "menos ocultos" y han conseguido el hito de quitar a las Cortes competencias que le había conferido la Constitución.

A la presunción de que fueron los conservadores del TC quienes idearon los términos del recurso, en Moncloa suman que ha resultado absolutamente incomprensible que el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el magistrado, Antonio Narváez, decidieran participar en la votación, pese a la existencia de las dos peticiones de recusación, de PSOE y Unidas Podemos.

Las enmiendas, destinadas a rebajar la mayoría para eludir la hegemonía de los conservadores en el CGPJ y que se renueve uno de los tercios del TC, tenían efectos sobre su futuro porque, una vez aprobadas, concluía en la práctica su mandato y se abría paso la mayoría progresista.

La polémica de las recusaciones

Según señalan fuentes del Gobierno, "cuando en la Wikipedia haya una entrada sobre qué significa ser juez y parte, se pondrá una foto de Trevijano". Lo que ha pasado, apuntan, es "gravísimo". De hecho, la Fiscalía defendió, en el pleno extraordinario de este miércoles para resolver las alegaciones del Senado, que debía abrirse un incidente de recusación contra González-Trevijano y Narváez, al observar una "incuestionable vinculación directa" con el objeto de tramitación parlamentaria". Era "objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma en la situación personal/profesional de ambos".

Para el Ejecutivo "ha sido muy grosero todo lo que ha pasado" y al PP "se le ha ido de las manos" porque la maniobra, sostienen, ha quedado al descubierto. "Tres días después de tomar la decisión están escribiendo el auto ahora", aseguran, en referencia a que no se ha puesto aún por escrito los motivos por los que se suspendió el trámite de las enmiendas y no se ha informado al Congreso y el Senado. "Es un escándalo".

La existencia de este enorme contrapoder en el Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial hace temer al Gobierno que lleguen nuevos recursos contra la reforma legal que ahora, en lugar de vía enmiendas, se plasmará en una proposición de ley que se tramitará de manera urgente y podía estar aprobada en enero. Nadie en el Ejecutivo se atreve ya a pronosticar cuándo podrá estar renovado el Constitucional porque "hemos visto cosas que nunca pensamos que sucederían".