La Fiscalía Europea también investiga la reclamación de los contratos de Baleares con la trama Koldo

La investigación que lleva a cabo la Fiscalía Europea sobre los contratos para la compra de mascarillas fraudulentas en Baleares a la trama Koldo también incluye "las supuestas irregularidades que se hayan podido cometer con posterioridad, en el expediente de reintegro de las cantidades por el incumplimiento contractual de la empresa", según indica de forma literal el decreto de apertura de diligencias de 4 de marzo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial. Una reclamación de 2,6 millones de euros que, según ha sostenido siempre el Partido Popular, se puso en marcha bajo el mandato del Govern de Marga Prohens y que, finalmente, se dejó caducar al no contestar a las alegaciones presentadas por la empresa investigada. Asimismo, el propio escrito también remarca que dichas irregularidades “no habían sido objeto de la denuncia que dio origen al procedimiento de verificación de competencia”.

Según la documentación incluida en el expediente de reclamación, el 6 de julio de 2023, con el Ejecutivo de Francina Armengol aún en funciones, el IB-Salut redactó un informe en el que solicita la indemnización de 2,6 millones por el "defecto de calidad" de las mascarillas. Esta decisión fue ratificada el 24 de agosto por parte del Govern de Prohens. El nuevo Ejecutivo avalaba así la decisión de seguir con la reclamación. Además, se comunicaba a la empresa que el plazo máximo para dictar resolución expresa y notificarla era de tres meses.

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Más adelante, el Govern actual notifica el trámite de audiencia a los afectados: el 17 de octubre lleva a cabo el procedimiento, el día 20 comparece el representante de la empresa y el día 25 se personan dos trabajadores para comprobar la mercancía. En ningún momento el Govern aclara quiénes fueron los representantes de la empresa que se desplazaron hasta Mallorca ni quién les recibió. Unos días más tarde, el 6 de noviembre, la empresa registra el escrito de alegaciones y, a partir de ese momento, se produce un silencio absoluto por parte del Ejecutivo de Marga Prohens. El propio IB-Salut había dejado claro que el plazo máximo para dictar una resolución era de tres meses "a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación".

Hasta que el 19 de marzo, cinco meses después de la última notificación de la empresa y, por tanto, con la reclamación ya caducada, el Govern del PP envía una diligencia a la sociedad de la trama Koldo en la que asegura que el plazo para dictar resolución expresa era de ocho meses y no de tres como habían afirmado con anterioridad, atribuyéndolo a un "error administrativo". Pese a ello, tan solo dos días después, el 21 de marzo, el IB-Salut comunica a la empresa que desiste del procedimiento de reclamación por decisión exclusiva del director del Servei de Salut, Javier Ureña. Pese a tener el expediente bajo custodia durante todas estas semanas, tanto la presidenta como Ureña habían insistido en que el expediente no estaba caducado.

Auto del juez

Toda la información incluida en el expediente da la razón al auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El magistrado afirma que Koldo García Izaguirre, el principal acusado y exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, utilizó su poder e influencia para intentar que el Govern de Prohens no reclamara el dinero: "Se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación dimanante de la Administración balear, a fin de que esta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular".

En este sentido, el magistrado señala que "pocos días antes de la fecha límite se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podría haberse producido la caducidad de la reclamación y, por lo tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto". Asimismo, el juez también apunta que Koldo utilizó como "intermediario" a Jacobo Pombo, un empresario muy vinculado a Pablo Casado que ha trabajado para el PP y que estuvo relacionado con las juventudes del partido, para conseguir que los populares desistieran de la reclamación.

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Diligencias previas

Con el decreto de 4 de marzo, los fiscales delegados en España del organismo con sede en Luxemburgo Juan José Navas y Olga Muñoz Mota acordaron abrir unas diligencias previas sobre las presuntas irregularidades cometidas en la compra de mascarillas con fondos europeos por los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias.Y dos meses después, en concreto el 9 de mayo, las fiscales Olga Muñoz Mota y Laura Pellón Suárez de Puga reclamaron al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Esta decisión fue adoptada tras conocer el contenido de un atestado del Instituto armado sobre la detención de 14 personas y la práctica de 26 registros en el procedimiento. En concreto, estas fiscales han pedido al magistrado que les remitan tres informes elaborados por la UCO el 26 de septiembre de 2022, el 10 de enero de 2023 y el 5 de junio de 2023, que incluyen datos referentes a los contratos adjudicados en Baleares y Canarias.

También solicitan los oficios elaborados por la Guardia Civil en los que los uniformados dan cuenta del resultado de las intervenciones telefónicas; pero también otros informes de la Agencia Tributaria.