La Fiscalía Europea afeó a España que no le informara del caso Koldo: "No ha remitido ningún oficio"

La Fiscalía Europea afeó en el momento de abrir diligencias sobre los contratos que la trama Koldo firmó con las administraciones socialistas en Canarias y Baleares no haber sido informada de las pesquisas en España que afectaban a fondos europeos. Así lo detalla el decreto del pasado 4 de marzo por el que este organismo europeo procedió a la apertura formal de su propia investigación, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Además, el documento especifica que la Fiscalía Anticorrupción tampoco "hizo referencia alguna a la existencia de sospechas de irregularidad en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la unidad adscrita de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había elaborado".

En el escrito que firman los fiscales delegados en España Juan José Navas y Olga Muñoz se recuerda que en el decreto de incoación de diligencias del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y tras la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se acordó la remisión "de la documentación original de los contratos del Servicio Canario de Salud y del Servicio de Salud de las Islas Baleares, dejando copia de dicha documentación en su procedimiento". Sin embargo, en dicho momento "no fue remitido ningún oficio o informe que permitiese apreciar la existencia de indicios delictivos que afectasen a esos contratos", detalla el documento, lo que supone una clara llamada de atención de las autoridades europeas a las españolas.

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La investigación de la Fiscalía Europea se ciñe a los contratos firmados --durante la primera etapa de la pandemia-- por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama en la que habría participado Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas. 

Según detalla el decreto, el 17 de mayo de 2023 se celebró una reunión de la Comisión de Seguimiento y Coordinación de las relaciones entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía Española, presidida por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que se acordó remitir a la oficina europea "la investigación de los contratos financiados con fondos europeos y manteniendo la investigación en sede nacional del resto de contratos".

La cuestión es que las denuncias que hasta ese momento tenían los fiscales en Europa eran sobre los contratos los realizados por Transportes y el Ministerio del Interior, es decir desconocían la existencia de los firmados en Baleares y Canarias, que "no habían sido denunciados ante la Fiscalía Europea ni se tenía constancia de la existencia en los mismos de irregularidad alguna".

Origen de la investigación

La investigación en la Fiscalía Europea responde a una denuncia realizada en junio de 2022 por Alfonso Serrano, actual secretario general del PP en Madrid. El dirigente popular Serrano firmó también la denuncia más amplia sobre esta operación en Transportes y otras relacionadas con cargos socialistas ante la Fiscalía Anticorrupción, dando origen al procedimento que hoy instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.

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A ello siguió una denuncia de un ciudadano particular que puso de manifiesto irregularidades que afectaban a varios contratos realizados en pandemia, bien porque no se habían cumplido las formalidades que preveía la ley, porque los contratistas podrían tener relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o bien porque no se había acreditado solvencia o existía una inadecuación de la actividad social con el objeto del contrato. Aportó diversa documentación, entre la que se encontraba la referida a la empresa Soluciones de Gestión, la vinculada a la trama Koldo. Pero ninguno de estos papeles hablaban de las compras de mascarillas para Baleares y Canarias.

Por lo que respecta a la Fiscalía Europea, en su decreto también da cuenta de la llegada a sus manos de la documentación aportada por esta persona, y fue partir de ese momento cuando se acordó requerir a la Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER -- dependiente de un departamento del Ministerio de Hacienda--, y a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo -- Ministerio de Trabajo-- para que aclararan si alguno de los contratos denunciados se beneficiaron de fondos europeos. En ese momento, desde la Fiscalía Anticorrupción no se había informado a Europa de ningún contrato que pudiera tener afectación a fondos europeos.