Huesca renuncia al proyecto de unión de las estaciones de esquí

La Diputación Provincial de Huesca ha renunciado definitivamente a la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal con fondos europeos, lo que ha trasladado al presidente de Aragón, Javier Lambán, en un escrito remitido también a la Secretaría de Estado de Turismo, porque sería “una barbaridad que esos 26,4 millones de euros se perdieran” y con el objetivo de que se destinen a otro fin. Este proyecto había levantado las protestas de varios sectores sociales por el impacto ambiental que iba a causar.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, compareció este jueves en rueda de prensa para explicar la situación en la que se encuentra el proyecto de unión de ambos centros invernales a través de Canal Roya sin querer entrar en los “problemas de judicialización” del mismo por la oposición creciente entre grupos ecologistas y algunos partidos políticos, que no obstante ha dicho que cree “que sí importan”, y donde ha incidido en que el principal motivo de la renuncia es que no cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental, además del cronograma.

Una rueda de prensa en la que ha reconocido “cierta tristeza” y que le “duele” renunciar a 26 millones de euros de financiación europea, pero que le dolería “mucho más” que los perdiera Aragón, y una decisión que ha querido explicar “con la conciencia tranquila” después de haber lanzado “voces de alarma” en reuniones” en las que parece que no se ha acababa de entender el mensaje y a la vista de que “con estos plazos, tiempos y estado de la tramitación no se puede hacer” el proyecto.

Tras insistir en que la Diputación de Huesca “no es la promotora” sino el “instrumento para ejecutar el proyecto”, del que es promotor Formigal, según aparece en el Plan de Interés General Autonómico (PIGA), y recordar que tanto la institución como los ayuntamientos y empresarios estaban de acuerdo con el mismo “al principio”, ha lamentado que se ponga “toda la responsabilidad” sobre ellos cuando “todos” tendrán que asumir su parte, como ya le respondió a la consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón.

Gracia ha mostrado además sus discrepancias con las declaraciones de este miércoles de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, cuando aseguró que “quien tiene que ejecutar los fondos sabe que los tiene que ejecutar”, a lo que ha respondido que los ejecutarían si tuvieran “todas las cuestiones legales resueltas”.

Declaración de Impacto Ambiental

No se puede ejecutar nada en el territorio, ha añadido, “que no tenga la Declaración de Impacto Ambiental”, porque no se lo permiten “ni los técnicos ni la ley”.

El proyecto no cuenta con la DIA, tampoco se ha iniciado el PIGA, no hay disponibilidad de suelos y no es creíble el cronograma, que al principio era de doce meses, luego de ocho y ahora se dice que en seis se puede hacer “cuando en los procedimientos normales el mínimo son de 9 y el expediente del PIGA de Castanesa fueron cerca de 3 años”.

Tampoco se tiene conocimiento de los informes jurídicos y económicos que sustentan el convenio y no pueden gestionar el transporte por cable “sin cambios legislativos en un parlamento que ya esta en funciones”, ha resumido Gracia.

Y no se dispone del convenio económico con el Gobierno de Aragón -aunque sí se ha adquirido el compromiso de palabra- que libere a la Diputación Provincial de afrontar el resto de la inversión, la diferencia de los 26 millones de fondos europeos a los 34 previstos del coste, o “en lo que acabara la obra”, ha dicho.

Porque, según ha detallado, en la página de Transparencia de Aramón aparece que el coste final del proyecto no son 34 millones sino 38 y ha apuntado además que según el cronograma la tramitación del PIGA y el Impacto Ambiental se hacían el año 2022 y a fecha de hoy “no se ha empezado”.

Zonas de especial protección para las aves

También ha dicho que desconocían que el proyecto de unión de las estaciones afecta a una ZEPA (zona de especial protección para las aves); que existe un informe de Ordenación Territorial que dice que no concurre el interés general y que se “subsana” con otro de Economía, y que la DPH solicitó a la DGA que les diera la orden de inicio de la tramitación del PIGA, de lo que no han tenido respuesta, por lo que entienden que “no ha habido movimiento” desde Ordenación Territorial.

Gracia ha insistido en que pidieron al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental información de la tramitación de la DIA y que en su respuesta se les dice que sólo consta comunicación de Formigal para su inicio, pero que hasta que no estén resueltas las consultas que debe resolver Ordenación del Territorio “no se iniciará la tramitación de la DIA”, ha dicho.

El presidente de la Diputación ha pedido a la DGA que contente por escrito si el PIGA puede servir de base para la licitación directa de la obra de acuerdo con la ley de contratos del sector publico y sin un proyecto técnico propiamente dicho, porque a fecha de hoy “no se ha aclarado”, y ha recordado que están condicionados por acuerdos municipales, como el de Jaca, que por unanimidad ha paralizado el apoyo hasta que haya un proceso participativo que defina por dónde va a ir el proyecto y que tiene terrenos en Astún necesarios para la instalación.

La Diputación, ha añadido, ha solicitado al INAGA la tramitación de monte de utilidad pública de los suelos y no ha paralizado “nada” en su gestión administrativa que pudiera suponer que se amparaban en ello para paralizar el proyecto, ha insistido Gracia, quien ha añadido que ha comunicado a los ayuntamientos de Jaca, Canfranc y Sallent que habían iniciado ese procedimiento, pero el ayuntamiento de Jaca ha dicho, sin ningún voto en contra, “que no facilitará las tramitaciones”.

Y por ello ha apuntado que si el Gobierno de Aragón tiene “tan claros” los cronogramas y fecha, el PIGA y la declaración ambiental “se puede establecer un contrato conjunto donde sean ellos quienes asuman el liderazgo de la obra, lo que acortaría plazos en una administración superior con más técnicos y que es la misma que legisla”. Gracia ha insistido en que no pondrá “ningún problema” a eso y en que lo ha comunicado tanto a la UE como a Lambán.

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