La Fiscalía y la Abogacía piden la absolución de la infanta Cristina

La primera jornada del jucio del 'caso Nóos', en el que están imputados la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin, se ha desarrollado este lunes y no ha ofrecido sorpresas. Tal y como estaba previsto, tanto la defensa de la infanta Cristina como el discal anticorrupción Pedro Horrach han reclamado la absolución de la hermana pequeña del Rey don Felipe VI. El matrimonio Urdangarin llegó en el mismo vehículo a la sala de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma alrededor de las 8.15 horas de la mañana. La infanta saludó a los periodistas, aunque ninguno de los dos realizó declaraciones. Media hora después llegó el expresidente del Govern balear Jaume Matas y la sesión ha comenzado a las 9.22 horas.

Como suele ser habitual, la sesión se inició con la lectura de los delitos que son objeto de juicio y las peticiones de condena para los acusados. Para Cristina Federica de Borbón y Grecia, ocho años de cárcel y multa de más de dos millones de euros por diversos delitos contra la Hacienda Pública. Está acusada como cooperadora en dos delitos fiscales de su marido. 

Por su parte, Iñaki Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de 19 años y seis meses de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de 26 años y seis meses por parte de Manos Limpias. Además, lo acusan la abogacía de Baleares, que pide ocho años; la abogacía del Estado, que pide que cumpla tres años y seis meses de cárcel; y el PSOE del Ayuntamiento de Valencia, que pide una condena de 11 años. 

Lo consideran responsable de utilizar el Instituto Nóos y varias entidades satélites para saquear los fondos de las instituciones públicas de Baleares (2,5 millones de euros), Valencia (3,5) y Madrid (114.000 euros). Además, está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.

"La única respuesta judicial posible para la infanta es el archivo de la causa", aseguró Horrach. Además, el fiscal anticorrupción pidió al tribunal que no conceda legitimidad al sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. Para ello, se ha basado en la llamada 'doctrina Botín', que sostiene que en casos de delitos fiscales la acción popular no puede sostener la acusación en solitario). Del mismo modo, ha esgrimido una sentencia de la Audiencia de Vizcaya según la cual un ciudadano de Bilbao no se sentó en el banquillo de acusados por un caso idéntico al de la infanta. Horrach ha insistido en que, de continuar adelante, se trataría de discriminación y se vulneraría la doctrina del Tribunal Supremo.

Por su parte, la Abogacía del Estado se ha adherido a la petición del fiscal y ha recordado que la famosa frase "Hacienda somos todos", uno de los principios en los que basa su acusación Manos Limpias, es meramente publicitario y carece de rango a nivel jurídico. "No existe la acusación pública en materia tributaria", ha afirmado la letrada Dolores Ripoll, quien ha puntualizado que una acusación pública como la de Manos Limpias puede denunciar una infracción en materia tributaria, si bien debe tenerse en cuenta que el perjuicio por esta actuación es solo el erario público y su defensa corresponde solo a la Abogacía del Estado.

Mientras, el abogado de la infanta, Jesús Silva, ha aludido a la misma jurisprudencia del Supremo para pedir que la causa sea declarada nula respecto a su defendida. Según sus palabras, no debería abrirse ningún tipo de juicio contra la hermana del Rey, puesto que no la han acusado ni la fiscalía ni la abogacía del Estado. Silva ha destacado que el Supremo adoptó la 'doctrina Botín' en el año 2007, la cual ha sido aceptada por el Tribunal Constitucional y ha sido consolidada a través de siete pronunciamientos de distintas audiencias provinciales.