La comisión nacional de la competencia vuelve a avisar a la RFEF

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, según informan nuestros compañeros de Palco23, ha emitido un nuevo informe en el que recuerda a la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) que la legislación no le ampara a la hora de prometer a los operadores el acceso a contenidos de competiciones como la Primera Iberdrola femenina, Segunda B y Tercera División. Esto además llega precisamente tras lo sucedido el pasado domingo en ls competición femenina después de que el Madrid CFF impidiera el acceso de Mediapro a su estadio tras decidir romper unilateralmente su contrato para unirse a la Federación.

El aviso de Competencia se suma al que ya comunicó antes del verano, y nuevamente surge a raíz del concurso público para adjudicar las retransmisiones de la Copa del Rey publicado por la RFEF el pasado 30 de agosto. En esta ocasión, para el concurso de las retransmisiones de la fase territorial previa y los resúmenes de los encuentros. Porque ahí nuevamente la Federación reivindica la titularidad comercial de las “competiciones no profesionales”, algo sobre lo que ya se dejó Competencia ya comunicó que son derechos propiedad de los clubes. “La facultad de comercialización sería de aplicación a las competiciones oficiales de fútbol profesional o a aquellas previstas expresamente en el Real Decreto-ley, pero no a otras competiciones oficiales futbolísticas no profesionales, cuyos derechos audiovisuales podrán ser explotados y comercializados individualmente por los clubes”, insiste Competencia, en referencia al marco que se estableció con la ley que centralizó la comercialización de las retransmisiones de LaLiga. 

Las Comisión considera que la Federación sólo está autorizada a comercializar y no emitir, por lo que ahora “se arroga una serie de derechos que no encuentran apoyo en la norma”, como la posibilidad de emitir contenidos audiovisuales de los partidos en sus redes sociales y plataformas. Eso en referencia al concurso de la Copa del Rey y cualquier otro torneo que quiera comercializar. Las quejas del informe se extienden al ámbito publicitario, pues considera que también que el estamento federativo restringe la libertad de empresa al reclamar “tiempos promocionales con carácter gratuito”, además de acceso preferente a hasta ocho minutos e impedir el patrocinio del evento a marcas que entren en colisión con los socios de la competición. Este último aspecto sí es habitual que se incluya en este tipo de concursos por parte de cualquier propiedad deportiva. Para la Comisión, en cambio, “estas disposiciones suponen una limitación injustificada de la libertad de empresa y de la capacidad de rentabilización económica del operador adquirente de los derechos”. Además, critica que se observa cierta discrecionalidad por parte de la RFEF al reservarse el derecho a rechazar cualquier propuesta que esté condicionada, cuando el Real Decreto-ley solo establece que las ofertas de los licitadores “no podrán estar condicionadas a la adquisición de lotes o a la concurrencia de determinados eventos”.  El informe de la Comisión, según Palco23, analiza también un aspecto clave del concurso de la fase previa, pues la RFEF ha optado por unos precios mínimos por los partidos a cambio de que los adjudicatarios asuman la producción. El regulador valora positivamente este punto, aunque matiza que los estándares mínimos de la calidad de la emisión deberían “ajustarse a su finalidad razonable, sin excederla, particularmente en lo que se refiere a la aprobación previa por la Rfef del uso y diseño de elementos vinculados a tal producción”, como cabeceras, cortinillas, gráficos durante la misma, y sus Marcas, platós de televisión etc..Veremos cómo finaliza este proceso de adjudicación de la Copa del Rey y donde la Federación ha marcado el 1 de octubre como fecha límite para adjudicar el principal lote, que hace referencia a la fase final de la Copa del Rey y cuyo precio de mercado ronda los ocho millones de euros anuales. Otro punto está en saber qué operadores acuden al mismo y si lo hace MEDIAPRO después de la  cláusula que la propia RFEF ha incluido en el pliego y que impediría su acceso. Algo que la empresa audiovisual ha ha anunciado que tiene previsto emprender acciones judiciales como ya sucedido con la adjudicación de la pasada final de Copa del Rey.