Santi Mina conocerá este jueves si ingresa en prisión

Santi Mina ha sido citado este jueves a la Audiencia Provincial de Almería para conocer el veredicto de su juicio por abuso sexual a una mujer, en verano de 2017. El actual jugador del Al-Shabab de Arabia Saudí, se encuentra apartado de la vida deportiva a la espera de saber el desenlace de su caso.

El 18 de junio de 2017 en Mojácar (Almería), Santi Mina y David Goldar, compañero del vigués en el Celta por ese tiempo, fueron denunciados por una joven por una presunta violación sexual.

Finalmente, en mayo de 2022, el tribunal presidido por la magistrada Társila Martínez absolvió a Mina del delito de agresión sexual por el que el fiscal pedía ocho años de prisión y la acusación particular nueve años y medio de cárcel, y lo condenó por un delito de abuso sexual por el que también le impone una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima durante 12 años y el pago de una indemnización de 50.000 euros por daños morales. El otro futbolista implicado en el caso, Goldar, fue absuelto de la acusación de colaboración necesaria.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 18 de junio de 2017, cuando Santi Mina aprovechó que su amigo David Goldar se había ido con una mujer a la caravana que tenía estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar (Almería) para entrar al vehículo y abusar sexualmente de ella.

La idea inicial, era de no condenar a prisión al futbolista de 26 años, pero su marcha a Arabia Saudí, donde los derechos de las mujeres son muy limitados, ha hecho cambiar las cosas, tal y como afirma el letrado Iván Bolaño. "No sólo se va fuera del país cuatro meses después de la condena, sino que se va a un país en el que los derechos de las mujeres están muy denostados y son prácticamente inexistentes, y que no tiene convenio de extradición con España", ha dicho el abogado en declaraciones recogidas por EFE.

El letrado considera esto un "signo alarmante de lo que pudiera ocurrir en un futuro" y afirma que en caso de ratificarse la sentencia condenatoria, España no tendría "la más mínima forma de exigir la restitución de esta persona para que entre en prisión", además de que "podría aumentar el riesgo de fuga".