Montoro recibió información confidencial sobre la jueza de los ERE: "Remito la denuncia tributaria contra Mercedes Alaya y su marido"

El ministro de Hacienda con el Gobierno del PP Cristóbal Montoro no solo era informado de los problemas fiscales de imputados relevantes, como los Pujol, o de rivales políticos, como podían ser sus compañeros de partido Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre. El que era su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, también le daba cuenta de cualquier asunto de relevancia que pasara por la Agencia Tributaria, aunque se tratara de asuntos personales, como puede ser una denuncia fiscal presentada contra la jueza que instruyó el caso de los ERE de Andalucía, Mercedes Alaya.

En uno de los correos electrónicos con los que se topó el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona al investigar las irregularidades presuntamente cometidas por el bufete Equipo Económico, fundado por Montoro, consta cómo el entonces director de la Agencia Tributaria, Santiago Alarcón, informó a Martínez Rico y este a su vez al ministro de la presentación de una denuncia tributaria "contra Mercedes Alaya y su marido".

El mail, que ha podido ser consultado por esta redacción, es uno de los que la Fiscalía Anticorrupción descartó investigar, lo que llevó a la fiscal adscrita al caso, Carmen García Cerdá, a recurrir al artículo 27 del Estatuto Fiscal para dejar clara su discrepancia con la orden recibida del jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La Junta de Fiscales de la Fiscalía Especial apoyó mayoritariamente el criterio de la jefatura, partidaria de no profundizar en estos correos, por 19 votos frente a cinco.

El correo fue enviado el 22 de diciembre de 2014 a la dirección utilizada por Montoro, e incluía un pdf con la denuncia. El mensaje, que consiste en un reenvío del de Alarcón, dice textulamente: "Ministro, para tu información. Para conocimiento remito la denuncia tributaria presentada en nuestras oficinas en Sevilla contra Mercedes Alaya y su marido, referida a una determinada operación inmobiliaria que realizaron en 2011".

El texto continuaba advirtiendo que "la denuncia será objeto del análisis oportuno por parte de la unidad de planificación y selección, para decidir si procede o no su carga en plan".

Montoro también había sido informado de otra incidencia relacionada con la jueza Alaya, pero en esta ocasión relativa a su labor como jueza instructora, no a su ámbito estrictamente personal. Unos meses antes de la presentación de la denuncia contra ella, en concreto, el 22 de septiembre de 2014, Martínez Rico le remite un correo que había recibido de un funcionario de la Agencia Tributaria con el asunto "posible trascendencia mediática: Alaya (desactivado)".

A continuación decía: "Fue muy bien la reunión con la Magistrada Titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, en la línea anticipada. No al auxilio, sA [sí] a la cesión de información. Ha estado extremadamente cercana y solícita con nosotros, reconociéndonos (a la AEAT) como absolutamente imprescindibles para el buen puerto de sus investigaciones; que somos los únicos que respondemos, que hacemos informes de calidad y de los que se fía".

La conclusión del correo electrónico que había sido remitido el 16 de septiembre de 2014 por el jefe de gabinete de la Agencia Tributaria, Daniel Gómez Aragón, al entonces asesor del Ministerio de Hacienda Rogelio Menéndez, hermano del director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, y que Martínez Rico hizo llegar a Montoro seis días después añadía como conclusión: "Es altamente improbable que nos reproche en prensa, o nos presione, con que no le hemos dado el equipo que solicitaba".

En correos electrónicos previos se dejaba constancia de que la magistrada había solicitado a la Delegación Especial en Andalucía de la Agencia Tributaria, "a modo de auxilio, un equipo permanente de funcionarios para el análisis del presunto fraude en materia de cursos de formación".

"La intención de la Delegación Especial es denegar el auxilio dado que no hay delitos fiscales, sino un fraude en materia de subvenciones o en políticas activas de empleo. Se trata de 2.000.000 de folios, en algo que no es competencia nuestra y que supondría perder a 5 o 6 inspectores para los próximos años. No tiene mucho sentido y es complicado de asumir y compaginar esa merma con el cumplimiento de los objetivos. Seremos absolutamente cordiales, colaborativos, no cerramos la puerta a futuro, pero es que es algo totalmente ajeno a las competencias de la AEAT", se justificaban los responsables de la AEAT.