Los militares de la UME de Ibiza celebraron fiestas en medio de las restricciones por la Covid-19

Los militares de la UME de Ibiza celebraron fiestas en medio de las restricciones por la Covid-19

Flota de la UME en sa Coma.
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En 2020, entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre, mientras se endurecían las prohibiciones, el destacamento en la isla se convertía en el escenario de juergas nocturnas

Situar los hechos en su contexto ayuda a entender su dimensión y significado. Así, mientras los dos soldados y el cabo destinados en el Destacamento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de sa Coma, en Ibiza, aprovechaban su estancia en la isla para organizar fiestas con mujeres y hombres civiles que entraban y salían sin autorización; en las que corría el alcohol y sonaba la música y los ruidos de actos sexuales hasta altas horas de la madrugada, junto al Centro de Menores Padre Morey, la población de las islas estaba sometida a duras restricciones para contener la pandemia. Justo un día antes de la llegada de estos tres militares, ahora sancionados por el Tribunal Militar Central, el Govern balear aprobó una batería de prohibiciones que dio al traste con la ya menguada temporada turística y cuyo objetivo era evitar un nuevo confinamiento total. El 18 de agosto de 2020 entraron en vigor (los militares juerguistas llegaron el 19 a la isla, donde permanecieron hasta el 11 de septiembre).

Así, mientras el Destacamento de la UME de sa Coma se convertía en el escenario de juergas nocturnas, en Ibiza estaba prohibido abrir cafés conciertos y bares de copas (las discotecas ya estaban cerradas) y organizar fiestas en piscinas; bares-cafeterías y restaurantes debían cerrar a la una de la mañana; no se podía consumir en la barra después de las diez de la noche; las reuniones sociales no podían tener más de diez personas. El mismo día que llegaron los tres militares a Ibiza, las islas Pitiusas superaban el récord de casos de Covid registrados y muchos hoteles decidían adelantar su cierre por la crisis, pues las limitaciones a los viajes de los principales países emisores de turistas habían dado la puntilla al ya muy tocado sector turístico, que se preparaba para una crisis sin precedentes. Diario de Ibiza anunciaba que la primera semana de septiembre ya sólo quedaría abierta entre el 15 y el 20% de la planta hotelera. El 70% de los brotes que se detectaban en Balears tenían su origen en reuniones familiares y sociales.

El 28 de agosto se prohibió fumar en la calle (bajo multa de 100 euros) y se impuso la mascarilla obligatoria en las reuniones familiares, que el Govern recomendó espaciar, y en los centros de trabajo (salvo si había distancia). También se cerraron los clubes de mayores. Ir sin mascarilla por la calle se castigaba con una multa de 100 euros.

El 11 de septiembre de 2020, día en que los tres militares acabaron su misión en Ibiza, el Govern endureció aún más las restricciones, pues la pandemia estaba desatada, en plena segunda ola: cerró parques infantiles y prohibió fiestas populares y ferias, así como todas las actividades de ocio infantiles. Ese día, Diario de Ibiza informó de que en la última semana se habían detectado 17 brotes de covid en la isla, que era la que tenía un número más alto de Balears. La situación era de alarma y de incertidumbre, y el mensaje que lanzaban las instituciones a la población apelaba, invariablemente, a la responsabilidad individual para frenar la expansión de la pandemia.

Las tres sentencias del Tribunal Militar Central que rechazan los recursos de los dos soldados y el cabo sancionados no citan la circunstancia agravante de que además estaban incumpliendo de forma flagrante las restricciones impuestas a toda la población para contener la pandemia. Cada día, los ayuntamientos, consells, el Govern, la Policía y la Guardia Civil difundían las multas, denuncias y sanciones que imponían a personas y establecimientos que incumplían las normas. No ha trascendido si estos militares fueron denunciados por vulnerar las restricciones al organizar las fiestas en las que participaban civiles ajenos a la UME. Lo que sí está claro es que el Consell de Ibiza tuvo conocimiento de cómo se saltaron las normas a la torera, y de su reiteración, porque fueron sus empleados los que alertaron del comportamiento de esos militares a sus superiores.

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