La Liga tiene 'congelados' cuatro millones de euros para los árbitros

Depender del Régimen General de la Seguridad. Esta es la gran quimera y el objetivo histórico del estamento arbitral español y que sigue sin poder cumplirse. Los árbitros y asistentes del fútbol profesional español, como en el resto de categorías, quieren depender de una institución y no como hasta ahora que prestan sus servicios al fútbol profesional a través de la RFEF y del propio Comité Técnico de Árbitros.

Esta demanda histórico ha tomado fuerza estos últimos años, especialmente en el año previo a la salida del anterior presidente del CTA, Sánchez Arminio. El directivo cántabro llego a estar reunido con el entonces Secretario de Estado, José Ramón Lete, a quien posteriormente le envío varias cartas recordándole este "vacío legal" del estamento arbitral. Una lucha que ha continuado el actual presidente del estamento arbitral, Carlos Velasco Carballo.

Pero, luchas al margen, la única realidad es que a las puertas del 2020 sigue sin encontrarse una solución a este histórico problema en el arbitraje español. Fuentes consultadas por el diario SPORT, ven muy difícil el escenario donde los árbitros logren estar bajo el Régimen de la Seguridad Social dependientes directamente de la RFEF. La solución pasaría por el modelo que prima en el Premier League donde los árbitros tienen constituidos una especie de cooperativa de la cual depende y así están al margen de la Premier y de la Federación inglesa.

Otra posible variable estaría en la futura Ley del Deporte cuya tramitación lleva prácticamente un año congelada y ahora mismo a expensas de la nueva cita electoral del próximo 10 de noviembre. En la misma, como ya contamos el pasado 6 de febrero, se garantiza la formalización de un contrato laboral dentro de las opciones que permite la legislación vigente. Este nuevo escenario sólo sería aplicable aquellos que sean retribuidos por su labor y no sólo a los que ingreses los gastos de desplazamiento.

Pero poner fecha ahora mismo a la entrada en vigor de este nuevo texto legal es un quimera, considerando el escenario electoral y porque, en caso de un cambio en el actual, podría derivar prácticamente a empezar de nuevo. Con lo que afectaría de nuevo al vacío legal en el que se encuentran los árbitros y asistentes del fútbol español.

Y esto tiene también consecuencias en el convenio de retribución del arbitraje profesional firmado por la Liga y la RFEF el pasado 8 de agosto del 2018 y vigente durante cinco años. La partida destinada en el mismo a la Seguridad Social está totalmente congelada. Y esto supone a la fecha de hoy un total de 3800000 euros (casi cuatro millones) correspondiente a los 1950000 por temporada que la patronal se compromete abonar a la RFEF para asumir "los costes derivados de la cotización en el Régimen General de la Seguridad Social... o en su caso en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia si el régimen general resultara jurídicamente inviable". Cantidades que actualmente la Liga tiene totalmente congeladas, tanto la temporada pasada como la actual,  pendientes de abonar a la RFEF en el momento que haya una solución definitiva al conflicto laboral del estamento arbitral.