La saturación en las cárceles del Reino Unido obliga al Gobierno a aplazar vistas judiciales y liberar presos

El Gobierno británico se ha visto obligado a decretar nuevas medidas de emergencia este miércoles ante la creciente saturación de las cárceles en el país. El Ministerio de Justicia ha ordenado la puesta en marcha de la operación Amanecer ('Early Dawn'), que prevé aplazar, al menos durante una semana, las vistas judiciales en Inglaterra debido a la falta de camas disponibles en los centros penitenciarios. La falta de espacio ha impedido a los jueces decretar prisión provisional para los detenidos y ha obligado a mantenerlos bajo custodia policial hasta que se encuentre un lugar para ellos.

El Gobierno asegura haber dado prioridad a la celebración de vistas judiciales para los casos más graves, mientras que los detenidos por delitos menores serán puestos en libertad bajo fianza a la espera de ser citados por los tribunales. “Se trata de una operación existente que se utiliza de vez en cuando para gestionar presiones localizadas inmediatas sobre el sistema penitenciario", ha asegurado un portavoz del Ejecutivo, que insiste en que los delincuentes más peligrosos permanecerán encerrados “el tiempo que sea necesario para proteger al público”.

Liberación de reclusos

La medida anunciada este miércoles es la última de una serie de decisiones tomadas por el Gobierno en los últimos meses para dar respuesta al creciente número de presos en el país, que supera las 87.000 personas en Inglaterra y Gales. Entre estas medidas está la liberación de los reclusos hasta 60 días antes del cumplimiento de su condena, un período que el Ejecutivo quiere ampliar a los 70 días a finales de mayo y que, sostiene, no afectará a las personas condenadas por los delitos más graves, entre ellos asesinatos o abusos sexuales.

Pero la publicación esta semana de un informe del organismo de inspección de prisiones, que apunta a la liberación anticipada de un preso con antecedentes de acoso y maltrato, ha puesto en duda los criterios seguidos a la hora de aprobar la puesta en libertad de los reclusos. Algo que el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha aprovechado este miércoles para cargar contra el primer ministro, Rishi Sunak. "¿La liberación anticipada de acosadores, maltratadores domésticos y personas consideradas un riesgo para los niños les parece el trabajo de alguien que está haciendo el país más seguro?", ha espetado Starmer a la bancada conservadora en el Parlamento.  

Sunak ha asegurado que los criterios de elegibilidad son “estrictos” y que nadie será liberado si representa una amenaza para la seguridad pública, pero el caos en la gestión de las cárceles le está provocando un dolor de cabeza tanto fuera como dentro de su partido. Miembros destacados del ala dura del Partido Conservador han reclamado medidas más estrictas para evitar la liberación de presos peligrosos y para garantizar la seguridad, ante el temor de lanzar un mensaje poco contundente contra la delincuencia a pocos meses de las elecciones generales. Sunak se ha presentado como un garante de la “ley y el orden”, pero los últimos acontecimientos están poniendo en duda sus proclamas.

Proyecto de ley

El Gobierno confía en poder aprobar cuanto antes la Ley de Sentencias, que se está tramitando en el Parlamento y que pretende evitar la entrada efectiva en prisión de las personas condenadas a una pena inferior a 12 meses, con el objetivo de aliviar la presión sobre los centros penitenciarios. Esta medida se aplicará en todos los casos, excepto cuando un delincuente “represente un riesgo significativo de daño para otra persona”, tanto físico como psicológico.

El ministro de Justicia, Alex Chalk, ha asegurado que sus propuestas para reducir la sobrepoblación en las cárceles supondrán un ahorro de 58.000 euros anuales por recluso y ha recordado, además, que el proyecto de ley incluye el endurecimiento de penas para los condenados por delitos más graves, incluidos los agresores sexuales, que estarán obligados a cumplir la condena íntegra. El Ejecutivo prevé crear 20.000 nuevas plazas en los próximos años para hacer frente a las previsiones, que apuntan a que la población reclusa en Inglaterra y Gales aumentará un 20% en 2028.