Georgia aprueba la ley de agentes extranjeros pese a las multitudinarias protestas y el rechazo de la UE

El Parlamento de Georgia disipó este martes toda ambigüedad sobre su actitud ante la propuesta legislativa que desde hace meses suscita multitudinarias protestas de estudiantes, activistas y opositores en las calles de Tiflis, la capital del país. Con 83 votos a favor y 30 en contra, el hemiciclo georgiano, controlado por el partido gobernante Sueño Georgiano, ha respaldado la polémica ley de agentes extranjeros —considerada de inspiración rusa— que, según han advirtieron también desde Bruselas, aleja Georgia de la Unión Europea.

Está por ver aún como reaccionarán en los próximos días los ciudadanos que desde abril participan en marchas y sit-in en la plaza de la Libertad y en los alrededores del propio Parlamento, donde ya en las pasadas semanas se han producidos diversos altercados con las fuerzas del orden (hasta 300 personas habrían sido detenidas desde el inicio de la protesta, según cifras no oficiales). Ya durante la misma mañana del martes diversos inconformes se reunieron desde temprano delante del Parlamento en el intento de disuadir los parlamentarios de aprobar la medida y hubo diversos momentos de tensión. “Ayúdennos”, gritaban algunos entre lágrimas, en tanto los antidisturbios intentaban contener la rabia ciudadana. De poco sirvió.

Tensión y protestas en las calles de Tiflis, en Georgia

La pelota pasa ahora en el tejado de la presidenta georgiana, Salome Zourabichvili, quien es hostil al Gobierno de Irakli Kobakhidze y ya ha anunciado que vetará la iniciativa legislativa. Su oposición, sin embargo, posiblemente acabe en papel mojado; esto pues el Parlamento del país puede anular su veto con una nueva votación y, de esa manera, lograr la aprobación definitiva de la medida. Lo que además alargaría la incendiaria crisis política en la que está sumido el país, en vista de las próximas elecciones parlamentarias de octubre. 

Desestabilizar

Precisamente esta cita electoral ha sido en estas semanas parte de los argumentos del Gobierno georgiano para justificar su sostén a la norma. Según la versión oficialista, de hecho, sería necesario que todas las oenegés y medios de comunicación que reciben más del 20% de su financiación de fuera se registren como “agentes de influencia extranjera” para aumentar la transparencia y evitar posibles actos de desestabilización de la democracia georgiana. Un argumento que no solo rechazan los manifestantes, que temen que se use como en Rusia para sofocar a la disidencia, sino que también ha sido abiertamente criticada por Washington y Bruselas.

Tanto es así que también diversos políticos occidentales volvieron nuevamente a criticar a las autoridades georgianas después de que se conociera el resultado de la votación. “Este proyecto de ley y la intimidación orquestada de los manifestantes que la acompaña no están en línea con los valores democráticos de un país aspirante a la OTAN y, fundamentalmente, corren el riesgo de descarrilar las aspiraciones euroatlánticas de Georgia”, criticó la conservadora británica Nusrat Ghani. "Apoyaremos todas las regulaciones que permitan a Georgia ser aún más fuerte y garantizar nuestra seguridad y desarrollo democrático", respondió el vicepresidente del Parlamento georgiano, el diputado oficialista Archil Talakvadze. 

Oposición frágil

No obstante, inciertos siguen siendo los pasos concretos qué pueda llevar adelante la dividida y frágil oposición georgiana que, en la misma jornada, pidió sanciones internacionales contra los diputados oficialistas que votaron a favor de la medida. "Exigimos que la comunidad internacional imponga sanciones a los 84 diputados que votaron a favor de esta ley", dijo Leván Bezhashvili, diputado y presidente el consejo político del Movimiento Nacional Unido, actualmente la mayor formación opositora del país.

Según este legislador, con la aprobación de esta norma Sueño Georgiano "prácticamente ha entregado Georgia a Rusia, ha establecido un régimen ruso en el país y ha declarado la guerra a su propio pueblo". "Hay que imponer las sanciones antes de que la presidenta Salomé Zurabishvili vete la ley", añadió Bezhashvili.