España tendrá que pagar a Francia sanciones millonarias por sus residuos nucleares al menos cinco años más

España tendrá que pagar a Francia sanciones millonarias por sus residuos nucleares al menos cinco años más

Archivo - Central Nuclear de Cofrentes
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España lleva desde julio de 2017 pagando una sanción de 76.000 euros al día por el retraso en recuperar esos residuos y acumula 133 millones desde entonces | La mayoría de lo abonado se recuperará al recibir los desechos

España trasladó a Francia hace más de tres décadas los residuos radiactivos de la central nuclear de Vandellós I, desde que en 1989 se tuvo que cerrar la planta tras un incendio y una posterior inundación. La sociedad pública Enresa –encargada de la gestión de los residuos radiactivos españoles- lleva desde entonces firmando sucesivos contratos y convenios con empresas francesas para que custodien los desechos nucleares de la central tarraconense.

Madrid y París han tenido que ir ampliando y modificando esos contratos por el retraso en la construcción de un almacén de residuos nucleares en España. Inicialmente estaba previsto repatriar los desechos en 2010, luego en 2015, a mediados de 2017… Y esos retrasos han hecho que España tenga que pagar penalizaciones millonarias por incumplir su parte y para ir ampliando el tiempo en que Francia guarda los residuos, tal y como recoge El Periódico de España.

Enresa lleva casi cinco años, desde el 1 de julio de 2017, pagando una sanción a la compañía francesa Orano (la antigua Areva) por no repatriar a España los residuos de Vandellós, que se encuentran en La Hague, en la región de Normandía. España ya ha pagado en este tiempo más de 133 millones de euros por estas penalizaciones, y seguirá pagando al menos cinco años más y, en el peor de los casos, puede acabar siendo durante otra década más.

El Gobierno ha puesto en marcha el proceso para actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la hoja de ruta a largo plazo sobre cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cuánto va a costar hacerlo todo. La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica contempla dos alternativas sobre qué hacer con los residuos nucleares durante los próximos 60 años: mantener el proyecto de construir un solo cementerio nuclear centralizado o instalar siete almacenes por toda España, uno en cada una de las centrales nucleares del país.

En el caso de que finalmente se opte por levantar siete almacenes, el objetivo del Gobierno es que el almacén de Vandellós que serviría para repatriar los residuos ahora en Francia esté operativo en 2027, según se recoge en el borrador de PGRR hecho público. Si la alternativa finalmente pasa por construir un solo cementerio nuclear central, el plan del Ejecutivo es que esté en funcionamiento en 2030. Desde el sector nuclear ese plazo se considera inviable y como las compañías energéticas auguran que como pronto podría activarse en 2032.

El retraso va a seguir engordando la factura que paga España a Francia por guardar esos residuos, que desde el 1 de julio de 2017 se articula a través del pago una sanción por cada día de demora. Durante la segunda mitad de 2017 se pagaron 73.045 euros al día; en 2018 subió hasta los 74.887 euros diarios; en 2019 se revalorizó a 76.296 euros; y en 2020 escaló a 76.618 euros diarios. Enresa no ha desvelado cuál es la cantidad que se abonó durante 2021 y ahora en 2022 (el importe de la penalización se revisa cada año), pero fuentes del sector la sitúan en el entorno de los 77.000 euros al día.

En total, durante los últimos cinco años España -incluido lo que va de 2022- ya ha pagado 133 millones de euros. Si se consigue el objetivo de tener listo un almacén propio en Vandellós a finales de 2027, España tendrá que seguir abonando otros 130 millones de euros más en concepto de sanción. O si se levanta un cementerio nuclear centralizado en 2030 (como aspira el Gobierno) o en 2032 (como teme el sector), a la penalización ya pagada se sumarán al menos entre otros 225 y 280 millones de euros más.

Orano Cycle, no obstante, devolverá gran parte de ese importe a Enresa una vez que concluyan los trabajos de transporte de los residuos a España. En el momento en que España repatríe los residuos radiactivos desde Francia, se reintegrarían gran parte de las penalizaciones abonadas. Como si se tratase de una suerte de fianza de garantía, la compañía nuclear francesa cobraría sólo por la labor de almacenamiento realizada durante años, y devolvería la sanción.

Enresa reconoce que esos costes por almacenamiento que no se recuperarán ascendieron a 7,04 millones hasta finales de 2020 y fuentes del sector elevan el importe hasta los 9,5 millones hasta la actualidad. El coste que España pagaría sí o sí puede ascender finalmente hasta entre 16,5 millones y los 20 millones de euros en función del tiempo que Francia acabe guardando los desechos de Vandellós I.