Acuerdo entre LFP y AFE para evitar el juicio por la convocatoria de huelga

Liga y AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) llevan meses de negociación para acercar posturas en materia de Convenio Colectivo y el acuerdo es definitivo para que no se celebre el juicio, fijado inicialmente para el 17 de junio y luego retrasado al 21 de julio en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, pero pospuesto hasta el 13 de octubre por los contactos establecidos por las partes.

Fuentes de la negociación confirmaron a EFE los acuerdos entre el sindicato de jugadores y la Liga, que denunció a la AFE por la convocatoria de huelga que los futbolistas hicieron para el 16-17 de mayo, aunque ésta finalmente no se realizó.

La AFE convocó el paro en protesta por la aprobación del real decreto ley que regula desde mayo la venta centralizada de los derechos audiovisuales. El sindicato consideró que la norma "no es justa" y que el Gobierno no debería haber regulado sin contar con los jugadores, a los que algunas cuestiones "dejan desprotegidos".

La Sala de lo social de la Audiencia Nacional evitó que la huelga se llevase a cabo al estimar, el pasado 14 de mayo, la petición de medida cautelar hecha por la Liga para que la penúltima jornada del campeonato en Primera y la número 38 en Segunda se celebraran en la fecha prevista.

La Liga denunció a la AFE por considerar "ilegal" su postura de hacer huelga, ya que no se ha incumplido el convenio colectivo, y porque en opinión de su presidente, Javier Tebas, fue un montaje con la Federación, que también se opuso al real decreto ley.

Entre los motivos para conceder la suspensión cautelar pedida por la Liga, la sala entendió que algunos de los objetivos de la huelga "podrían tener por finalidad la modificación del convenio colectivo vigente, que regula expresamente el fondo de la AFE y el fondo de garantía salarial para asegurar el cobro de los futbolistas en los clubes morosos".

Después del pronunciamiento de la Audiencia Nacional, la Federación levantó la suspensión de todas las competiciones a partir del 16 de mayo y la Liga se jugó con normalidad, pero el proceso judicial siguió su curso, a la vez que la AFE y la LFP iniciaron una mesa de diálogo cuyos acuerdos harán públicos en los próximos días.

El Real Decreto Ley 5/2015, en vigor desde el pasado 2 de mayo, determina que un 1 por ciento de los ingresos obtenidos por la venta centralizada de los derechos audiovisuales del fútbol profesional se entregará a la Federación Española de Fútbol "como contribución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado".

También señala que hasta un 0,5% se entregará al Consejo Superior de Deportes (CSD) "que lo destinará, en la cuantía y los términos que reglamentariamente se establezcan", entre otros conceptos, para "ayudas a las asociaciones o sindicatos de futbolistas, árbitros entrenadores y preparadores físicos, en función del número de licencias que ostente cada una en las categorías nacionales".