Era un secreto a voces. En un país lastrado por la etiqueta de ‘barra libre’ de farmacia, con grandes escándalos internacionales en el ámbito del dopaje en nuestro haber, debemos remontarnos a principios de 2016 para encontrar la última sanción impuesta a un deportista de élite en España.
Esta ausencia incierta sugería la existencia de varios escenarios. Uno de ellos, la voluntad implícita de evitar la revelación de casos de dopaje por miedo a las consecuencias políticas (léase salvar el cargo). O la ‘noble’ voluntad de salvaguardar la maltrecha reputación del deporte español. En el lado opuesto, menos plausible a la vista de lo acontecido, una incompetencia manifiesta en la gestión o tal vez una gran efectividad del despliegue ‘sin precedentes’ de la llamada “tolerancia cero”.
Lo cierto es que a día de hoy la política antidopaje en España sigue siendo un lema en un adhesivo para hacer publicidad y regalarlo en las escuelas, pero que una vez llega a las oficinas del organismo español antidopaje (CELAD) parece quedar traspapelado bajo una montaña de papeles.
Las investigaciones llevadas a cabo por Relevo y eldiario.es ponen luz y taquígrafos a una gestión cuanto menos preocupante en la gestión antidopaje en la agencia dirigida por José Luis Terreros desde el 2017 y regida por, entre otros, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, como representante de deportistas y federaciones deportivas. A saber: demoras intencionadas en la comunicación de resultados adversos, expedientes suspendidos el mismo día de su apertura, irregularidades reiteradas en los controles que invalidan los resultados, casos de positivos ocultos desde 2019, pasaportes biológicos adversos aun por descubrir o el uso indebido de autorizaciones de medicamentes de uso terapéutico retroactivas. Y no solo eso, se constata que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), siendo conocedora, no ha impedido a España dejar varios casos de dopaje sin sancionar.
La agencia española se encuentra bajo investigación interna por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes gracias a la cual se ha podido conocer el caso del velocista Patrick Chinedu, quien dio positivo en 2019, pero la CELAD nunca le abrió expediente ni informó al respecto. Se presume que detrás de estos ‘positivos en el cajón’ que han salido a la luz podrían ocultarse deportistas de más calado en la escena internacional.
Agradecer la labor inhóspita de Alberto Yelmo, exasesor de la agencia y principal voz crítica detrás de las presuntas irregularidades en la lucha contra el dopaje. Una suerte de David enfrentándose a Goliat, descubriendo un sistema parapetado bajo una capa cosmética de democracia deportiva, a los que no les gusta ni un pelo, entre otras cosas, que la gente diga lo que pasa en nuestro deporte.
Después de todo, existe una libertad de expresión en la que cada uno puede opinar lo que quiera y por suerte no vivimos en otros países, que pueden ganar muchas medallas, pero tienen perdida la libertad de las palabras.
