El Gobierno aprueba una ley destinada a devolver la sanidad a todos los inmigrantes sin padrón

Doce años después de que el Gobierno del PP excluyera de la sanidad a los inmigrantes 'sin papeles', el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley destinado a recuperar la universalidad del sistema sanitario, de forma que los residentes en España, con independencia de su situación administrativa, podrán ser atendidos en los centros sanitarios, sin la posibilidad de que se les deniegue la asistencia o luego les llegue una factura exigiéndoles el pago por los servicios recibidos.

La decisión del Ejecutivo llega pocos meses después de la polémica que generó la decisión de la alcaldesa ultra de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, de restringir el empadronamiento a los inmigrantes, lo que dificulta su acceso a la tarjeta sanitaria y otros servicios públicos. Y no es el único caso, en los primeros nueve meses de 2023 se produjeron 17.000 "barreras" a la sanidad pública que afectaron a 8.809 personas, según ha documentado Médicos del Mundo, una de las entidades del tercer sector que, junto con otras oenegés, más ha trabajado para que España deje atrás el recorte efectuado por el PP.

A este respecto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que es un "hito" recuperar "parte del orgullo" que se perdió en 2012 y "desterrar para siempre la exclusión sanitaria de la ley del PP". "Queremos cerrar esa herida" y, en momentos de "discursos excluyentes", presumir de la universalidad, "como herramienta para tener sociedades más cohesionadas, eficientes y justas".

Los requisitos

La norma indica que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España tan solo deberán firmar una declaración responsable, "con lo cual no se les negará nunca la asistencia sanitaria", según la ministra. Este requisito es más suave que el que se introdujo en 2018, en una reforma legal impulsada por el PSOE y también destinada a recuperar la universalidad del sistema, pero que se ha demostrado que no ha servido en todos los casos.

En aquella modificación, se exigió a los extranjeros 'sin papeles' un informe de los servicios sociales para poder acceder al sistema sanitario, pero este trámite ha permitido que algunas comunidades y ayuntamientos, como el de Ripoll, impongan meses de espera antes de facilitar el acceso al derecho, lo que se ha convertido en una nueva 'barrera'.

Asimismo, el proyecto legal garantiza el derecho a la asistencia sanitaria a los españoles que residen en el extranjero, los familiares que les acompañen y los hijos o hijas de extranjeros residentes en España que accedan a la reagrupación, siempre que no exista un tercero obligado al pago de la atención, según informa el Ministerio de Sanidad.

También se contempla el derecho a la protección de la salud durante su permanencia en España a solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarios de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos cuya estancia en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión y a los mencionados inmigrantes en situación administrativa irregular.

En este último caso, el proyecto prevé que la asistencia corra a cargo de las administraciones públicas competentes, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: no tener la cobertura obligatoria de prestación sanitaria por otra vía; no poder exportar el derecho de cobertura desde su país de origen y cuando no exista un tercero obligado al pago.

Los copagos

Por otro lado, el proyecto de ley pretende aminorar los copagos, de forma que todos los grupos mencionados, cuando entre en vigor la norma, no tendrán que pagar el 100% de los medicamentos. Además, se recupera la cartera común de servicios única, lo que garantiza, según el Gobierno, que no se puedan incluir nuevos copagos.

El proyecto inicia ahora su andadura, debe ser estudiado por los órganos consultivos y por las Cortes, por lo que no llegará al Boletín Oficial del Estado, previsiblemente, hasta dentro de varios meses o incluso años.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado el traspaso a las comunidades de 38,5 millones para reforzar las acciones encaminadas a fomentar la salud mental, como parte del plan de salud mental 2022-2024.