Así es Alaya, la jueza que tuvo un club de fans y zarandeó el poder del PSOE en Andalucía

Mercedes Alaya viste un traje ajustado negro, de silueta impecable, y arrastra su famosa maleta trolley cargada de documentos. Va con escolta y está a punto de subir a un taxi. Tiene conductor fijo desde que es una de las juezas más famosas de España. Un grupo, que espera a las puertas de los juzgados para ver a sus familiares en el habitual traslado de presos, la rodea. Le gritan y vitorean como si fuera una estrella del rock. En ese momento es la reina del mundo judicial en el país. Acapara todos los focos pero su rostro es hiératico, no asoma ninguna expresión. Nada que envidiar al momento de mayor esplendor del juez Baltasar Garzón. Alaya tiene en Facebook un club de fans de más de 45.000 seguidores. Se ha entronizado como el azote de los corruptos. Enigmática, es admirada y odiada a partes iguales. “La más grande”, “la diosa del Prado” (donde se ubican los juzgados de Sevilla) está en el punto de mira.

Montoro recibió información confidencial sobre la jueza de los ERE: "Remito la denuncia tributaria contra Mercedes Alaya y su marido"

La imagen, de 2013, no se vivió una vez sino muchas durante la instrucción del caso de los ERE, una trama corrupta de 680 millones de euros que acabó con la cúpula del poder político del PSOE en la Junta de Andalucía condenada por prevaricación y malversación. Hoy “Doña Mercedes”, como se refieren a ella los funcionarios, preside la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla tras haber aspirado en cinco ocasiones sin éxito, la última en 2021, a una plaza en la Audiencia Nacional.

Heroína o villana

Heroína y villana, ángel o demonio, fue durante años el centro de todos los focos. No es de extrañar que cualquier información sensible relativa a su vida personal o privada se convirtiera en una pieza cotizada. Los socialistas insinuaron durante años que no actuaba de forma imparcial sino alineada con el PP, que se personó como acusación particular en un caso que fue clave para derribar casi cuatro décadas de poder socialista ininterrumpido en Andalucía. La jueza Alaya siempre ha presumido de su independencia y de ser implacable con todos, incluso amigos o clientes de su marido, el auditor Jorge Castro. Un soez Alfonso Guerra insinuó que había tenido una relación "estrecha" con Juan Ignacio Zoido, entonces líder del PP andaluz y exalcalde de Sevilla. Ella denunció años después "presiones políticas" en su instrucción.

El correo que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibió con información relevante sobre una denuncia tributaria contra Alaya y su esposo es de diciembre de 2014. “Ministro, para tu información. Para conocimiento remito la denuncia tributaria presentada en nuestras oficinas en Sevilla contra Mercedes Alaya y su marido, referida a una determinada operación inmobiliaria que realizaron en 2011”.

Focos y poder

Un mail de 32 palabras que contenían una información sensible sobre ella, reservada, tímida hasta la antipatía, y sobre quien es su pareja desde que ambos coincidieron en la carrera de Derecho. Un hombre que dicen que es su antítesis: hablador, divertido, simpático y un gran relaciones públicas. Meses antes, marzo de 2014, la jueza y Castro protagonizaban las páginas del corazón con una misa multitudinaria en Sevilla para conmemorar sus 30 años de casados. Ella de novia con cola, un dispositivo de seguridad y un mensaje sorpresa por móvil a los invitados, apenas media hora antes de la ceremonia, para comunicarles un cambio repentino de Iglesia. El objetivo era evitar los focos pero ocuparon páginas y páginas del papel couché.

En el momento del mail a Montoro, la magistrada era una de las mujeres más poderosas de España, según acreditaban reiteradamente todas las listas publicadas. En 2011 había comenzado a instruir el que sin duda es el gran caso de su intensa carrera judicial, el de los ERE, que tiene en estos momentos a ocho exconsejeros de la Junta de Andalucía en la cárcel y a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán condenados e inhabilitados pendientes de recurso del Tribunal Constitucional y de indulto del Gobierno.

Desconfiada y enigmática

Alaya protagonizó una instrucción de película. Sumó 300 imputados y millones de folios y se ganó el calificativo de maniática por la desconfianza en la que actuó durante meses. Instruía de madrugada, acudía al juzgado pasado el medio día, no quería ayuda de ningún compañero, no se fiaba de los funcionarios y transportaba del despacho a casa todos los documentos, en su famosa maleta con ruedas, porque temía que desaparecieran papeles. Emprendió una cruzada contra todos. En el verano de 2014 elevó al Tribunal Supremo la causa de los aforados, es decir de la mayor parte de la cúpula socialista en Andalucía que en esos momentos ocupaban escaño en alguna Cámara, incluidos los expresidentes socialistas Chaves y Griñán.

Meses más tarde, el ministro Montoro era avisado de esa denuncia tributaria. Poco después, en 2015, Alaya ocupó la plaza que había pedido en la Audiencia Provincial de Sevilla. Ella aspiró a tomar posesión de su ascenso y volver a su juzgado para seguir al frente de los ERE y de otra macrocausa que tras su marcha se desinfló, el fraude de los cursos de formación. Un día lloró de rabia con uno de los abogados e los ERE. Sentía que le habían tendido una trampa, que la habían animado a postularse al ascenso con la promesa de que podría seguir en su puesto al frente de sus grandes casos. Cargó contra su sucesora, poniendo en cuestión su capacidad y el Consejo General del Poder Judicial la castigó obligándola a ocupar la plaza que ella misma había pedido. Sus conocidos dijeron entonces que pecó de “soberbia”.

Madre de cuatro hijos, la brillante opositora llegó a juez con solo 25 años y se estrenó en su primer destino, Fuengirola, condenando en 1991 al entonces alcalde socialista por pagar con dinero público facturas de servicios sanitarios privados por valor de 42.000 pesetas. Apagados los focos, en junio cumplirá 61 años y desde Sevilla, la Audiencia Nacional se le sigue resistiendo. Ahora sabemos que el PP también la tenía bajo la lupa.