Las comunidades apuran hasta el último minuto para evitar perder cientos de proyectos renovables

Las comunidades apuran hasta el último minuto para evitar perder cientos de proyectos renovables

Un parque eólico en La Tallada dEmpordà (Girona).
| Bloomberg

El Ministerio ha cumplido en plazo, como había anunciado, mientras que comunidades como Galicia, Murcia o Cataluña han dejado algunos proyectos sin evaluar

Endesa anunciaba este martes que había obtenido la declaración ambiental del parque eólico Galatea en Cataluña, mientras la Comunidad de Murcia agotaba cada minuto para resolver el máximo de proyectos que tenía pendientes. En Galicia, el lunes le faltaban 34 proyectos por examinar y finalmente este miércoles han confirmado que se quedan por el camino 20. Castilla y León, con un “atasco importante” en la última semana, aprobó el lunes pasado 19 proyectos publicados por el boletín oficial de la comunidad este martes. Esa ha sido la dinámica general de la tramitación renovable en las última jornadas: las comunidades han aprobado decenas de declaraciones ambientales cada día para evitar la caducidad de las licencias y, con ello, la muerte de estos proyectos.

El Gobierno fijó en junio de 2020 una serie de plazos temporales para cumplir cada uno de los trámites necesarios para poner en marcha un parque renovable (solicitud de autorización administrativa previa, impacto ambiental, autorización previa, construcción y explotación definitiva) que dura cinco años. De lo contrario, la licencia caduca de forma automática (lo que implica volver a empezar de cero los trámites y dejar el punto de conexión libre para otro proyecto) y los avales depositados por los propietarios de los parques se ejecutan. El objetivo de este mecanismo es evitar la especulación al arrinconar a aquellos promotores sin un proyecto firme.

Este miércoles 25 de enero caducaba el plazo de obtención de la declaración de impacto ambiental (DIA) de cientos de proyectos –60 gigavatios solares y 19 eólicos, según las cifras de la patronal eólica AEE y fotovoltaica UNEF- después de que el Gobierno diera una moratoria de nueve meses el año pasado. Pero hace unos meses, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba que no habría una nueva prórroga.

La vicepresidenta ha insistido en estos meses en que los grandes proyectos (más de 50 MW) que son los que evalúa el Ministerio para la Transición Ecológica serían resueltos a tiempo. Y así ha sido: 201 proyectos evaluados, 170 favorable y 22 desfavorables, 8 archivados y 1 cerrado por desistimiento, según han informado fuentes de este departamento. Mientras dejaba la incógnita sobre los más pequeños (menos de 50 MW) que dependen de las comunidades autónomas. Algunas confirman que no han llegado a tiempo, como Galicia (20 parques pendientes), Murcia (12 pendientes), Cataluña (17 pendientes) o Baleares (2 pendientes); mientras que desde el sector señalan a otras dos: Castilla y León y Aragón. Consultadas por este medio, ninguna ha querido dar información, tampoco lo han hecho Andalucía, Cantabria, Canarias, ni Madrid.

Litigios

Todo el sector coincide en el impulso dado por las regiones en los últimos meses, que se ha cuadriplicado en el último trimestre. Desde la patronal eólica (AEE) cifran el total de expedientes pendientes en 158, que suman un total de 9,6 GW (9.600 MW). Mientras desde la fotovoltaica (UNEF) prefieren no anticipar cifras. “Están saliendo nuevas resoluciones cada día. Las dudas que tenemos es en Cataluña, Valencia y Canarias. Pero hasta dentro de un mes no podremos saberlo con claridad”, explica el director general de UNEF, José Donoso. Ese es el plazo que tiene Red Eléctrica para retirar los puntos de conexión tras evaluar las resoluciones. Y a eso se quieren agarrar algunas comunidades autónomas para ganar algo de tiempo, mientras que desde el sector renovable apuntan a un papel de la CNMC que podría abrir la puerta a una forma distinta de contar el plazo, lo que les daría más tiempo.

Lo que parece evidente es que se abre ahora un proceso en el que los promotores podrían acudir a los tribunales. “Sería difícil de encajar si se pierde el acceso porque la administración pública no ha contestado y se abriría un proceso de judicialización, tanto en el caso de por qué no han sido resueltos los expedientes, como si la DIA es negativa y no están de acuerdo. Si un proyecto pierde su acceso, pero con cuatro meses más el órgano responsable podría haberlo salvado esa potencia pasaría de poder desarrollarse en dos años a hacerlo en siete porque debería iniciar de nuevo el proceso. Cambiamos instalar potencia renovable en 2024 por hacerlo en 2028 o 2029 con la que está cayendo”, advierte el director general de AEE, Juan Virgilio, ante la negativa del Gobierno a darles un poco más de tiempo. Sin embargo, algunas comunidades, como Cataluña y Baleares advierten que algunos de los proyectos sin resolver son por falta de diligencia del promotor. "Es difícil de establecer una respuesta generalizada de qué pasará ahora. Habrá que ver el caso de cada proyecto", añaden fuentes catalanas.

Evaluación larga

El principal problema de conseguir la declaración ambiental es que requiere un examen arduo que agrupa a varias direcciones dentro de una misma autonomía al tener evaluar distintos efectos de las renovables como el que puedan producir en la salud de la personas, en la biodiversidad, en el urbanismo o en las carreteras, entre otros, según explica el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica de La Rioja, Alejandro Dorado Nájera. La comunidad riojana presume de ser la primera en conseguir cumplir este hito, aunque reconocen que para ello han tenido que “reforzar el equipo con un par de personas más y también desplazando las vacaciones para que repartieran sus de forma diferente sus periodos de descanso”.

La Rioja no es la única que puede decir alto y claro haber cumplido. También Extremadura, Castilla La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco o Asturias confirman a El Periódico que han llegado a tiempo. Algunos de estos proyectos son rechazados –no pierden los avales, pero sí se quedan sin el punto de conexión--, mientras que la mayoría se aprueban, aunque incluyen condiciones de muy diverso tipo. “En la fotovoltaica hemos pedido en algún caso pantallas vegetales para que tengan un impacto paisajístico menor, productos que no sean lesivos para el suelo o que permitan hoteles de insectos. En los eólicos hemos sido más severos al pedir un desplazamiento del propio aerogenerador o guardarnos la prerrogativa de paralizar el parque entero si hay muertes de aves o evitando que de marzo a septiembre, que es época de cría, no se pueda construir”, explica Dorado.

Otros hitos

Este miércoles se cumple uno de los principales plazos, pero desde el sector advierten que quedan los dos siguientes que se tienen que cumplir antes del 25 de abril y del 25 de julio, respectivamente. “Hay muy poco plazo para obtener la autorización administrativa previa y de construcción”, lamentan promotores eólicos y fotovoltaicos de Aragón, informa Jorge Heras. En la misma línea se pronuncian fuentes del sector en Cataluña, al advertir que, a diferencia del resto del Estado, en esta comunidad estas dos autorizaciones se resuelven en un único acto. “Veremos qué ocurre”, añaden. 

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