El preocupante dato sobre el Ingreso Mínimo Vital que afecta a más de la mitad de las familias que tienen derecho a ello

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que el número de hogares beneficiarios de la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se mantiene en 284.000, el 35% de los alrededor de 800.000 hogares que podrían recibirlo.

La Airef ha publicado este jueves su preceptivo informe anual de Opinión sobre el IMV, una prestación no contributiva implantada en 2020 y dirigida a prevenir el riesgo de pobreza de las personas que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades fundamentales.

Igual que detectó en la primera opinión, emitida en 2022, la Airef ha vuelto a identificar un escaso alcance de la prestación que, sobre todo, se explica por la existencia de un 58% de hogares (469.000 hogares) que podrían ser beneficiarios, pero que no lo solicitan.

Según la presidente de la Airef, Cristina Herrero, este porcentaje de lo que se llama 'non take up' es similar al que se da en otros países cuando intentan poner en marcha una prestación no contributiva de amplio alcance como es el caso del IMV (un promedio internacional del 50%).

Como consecuencia del aún escaso despliegue del IMV, su gasto presupuestario (1.900 millones) apenas llega al 47% de lo previsto por el Gobierno.

Desde el punto de vista de la Airef, corregir esa elevada tasa de hogares que no llegan a solicitar es uno de los principales retos que tiene ante sí la gestión del IMV, que reside en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. 

La Airef apuesta por un modelo de gestión más automático, a partir de la creación de una base de datos única, con información de renta, patrimonio y prestaciones de todas las administraciones, incluidas las de comunidades autónomas de régimen general y forales.

La Airef también ha detectado que el 69% de las solicitudes presentadas han sido denegadas y que el tiempo medio de tramitación se mantiene en unos 120 días, a pesar de que el volumen de solicitudes ha aumentado el 60% en un año, después de que el Gobierno haya introducido el complemento a la infancia de la prestación y otras mejoras, como su compatibilidad con el empleo.